El diputado del PSOE por Badajoz, Francisco Martos Ortiz, ha estado activamente involucrado en la defensa del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en el caso que investiga a este por un presunto delito de corrupción en la Diputación de Badajoz. Sin embargo, se ha revelado que Martos Ortiz también enfrenta problemas legales por «acciones humillantes» y «hostigamiento reiterado» contra un empleado público durante su mandato como alcalde de Castuera, en Extremadura.
El empleado público denunció estos hechos, lo que llevó a la imputación directa del diputado socialista. En primera instancia, Martos Ortiz fue condenado a tres años de cárcel y a una inhabilitación para cargos públicos. No obstante, en segunda instancia, la valoración de pruebas cambió y fue absuelto. A pesar de esto, el caso no está cerrado, ya que el denunciante ha presentado una apelación al Supremo, que aún está pendiente de resolución.
El primer tribunal que juzgó el caso determinó que el acoso por parte de Martos Ortiz llevó al extremo el hostigamiento al empleado, ocasionando daños a su salud mental. El recurso de casación en el Supremo determinará el desenlace final de esta controversia legal.
El juzgado de primera instancia probó el acoso continuado del socialista al empleado público
El Juzgado de lo Penal de Don Benito, en Badajoz, calificó como “hechos probados” el acoso que el actual diputado provincial, Francisco Martos Ortiz, ejerció sobre un arquitecto municipal. Según la sentencia, durante el período de diciembre de 2010 a mayo de 2011 y desde junio de 2015 hasta enero de 2019, Martos Ortiz llevó a cabo acciones, comportamientos y actitudes humillantes y vejatorias hacia el arquitecto, realizando actos hostiles que constituyeron un hostigamiento reiterado con el propósito de que el empleado abandonara su puesto de trabajo, según ha publicado OKdiario.
En esta primera instancia, se estableció que el acoso continuado por parte de Martos Ortiz provocó un estado de desasosiego en el trabajador, resultando en una lesión psíquica consistente en un síndrome ansioso-depresivo y trastorno depresivo reactivo mayor, que requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado.
Además, el tribunal comprobó que el arquitecto sufrió un impacto negativo en su integridad moral y dignidad como trabajador debido a la sistemática desvalorización de su trabajo, menosprecio y acciones dirigidas a forzar su abandono del puesto. Posteriormente, Martos Ortiz intentó aislarlo y vaciarlo de funciones tras la negativa del empleado a dejar su trabajo.
