El Ministerio del Interior de España ha destacado que desde 2020, la Comisión Europea ha proporcionado 117,5 millones de euros para abordar las necesidades migratorias en las Islas Canarias, además de otros fondos en el marco financiero plurianual 2021-2027. Esta información surge tras el anuncio del Partido Popular (PP) de suspender las negociaciones con el Gobierno sobre la crisis migratoria, argumentando que el Ejecutivo rechaza la ayuda europea, una afirmación que el Gobierno califica de «injustificada» y falsa.
El Ministerio recuerda que desde 2006 ha recibido apoyo financiero y operativo de la UE, y ha solicitado vigilancia marítima en aguas africanas para prevenir salidas peligrosas hacia Canarias. También se menciona que el Pacto Europeo de Migración y Asilo no será obligatorio hasta junio de 2026, y hasta esa fecha, la reubicación de migrantes entre Estados miembros es voluntaria. Desde junio de 2022, 237 personas han sido reubicadas desde España a otros países, sin incluir menores no acompañados.
Además, se mencionan proyectos europeos en países como Mauritania y Gambia, y la colaboración con Frontex en materia de retorno.
El portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha anunciado la suspensión de una reunión programada para el 7 de octubre con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta decisión se debe a la acusación de que el Gobierno de España ha rechazado la ayuda de la Unión Europea (UE) para abordar la crisis migratoria que afecta especialmente a las Islas Canarias. Tellado afirmó que la decisión de suspender las negociaciones se tomó tras conocer que la Comisión Europea confirmó que España había renunciado a solicitar apoyo.
El PP ha criticado al Gobierno por no aceptar la ayuda que se le ofrece, delegando la responsabilidad de abordar la crisis migratoria en las comunidades autónomas gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. Tellado expresó que es «inaceptable» que el Gobierno impida la asistencia europea a Canarias por intereses políticos, argumentando que la crisis migratoria no es un problema exclusivo de las Islas, sino que afecta a toda España.
Además, el PP ha solicitado que el Gobierno proporcione documentación sobre las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión Europea, pero no ha recibido respuesta. El portavoz del PP también mencionó que el Gobierno había incumplido un acuerdo de confidencialidad al filtrar información a los medios sobre las reuniones anteriores.
Ante esta situación, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha respondido pidiendo al PP que deje de ofrecer «excusas inverosímiles» para evitar llegar a un acuerdo sobre la migración. Bolaños subrayó que el Gobierno está trabajando activamente para resolver la crisis, buscando acuerdos y consenso en lugar de escudarse en excusas. También destacó la colaboración entre el Gobierno y la Comisión Europea, subrayando que se ha logrado avanzar en un Pacto de Migración y Asilo, que ha sido firmado por gobiernos de diferentes tendencias políticas.
Bolaños instó al PP a asumir su responsabilidad y demostrar un enfoque humano hacia la situación, enfatizando que el Gobierno está comprometido con la resolución del problema migratorio y no escatima esfuerzos en este sentido. La disputa entre el PP y el Gobierno refleja la tensión política en torno a la gestión de la crisis migratoria en España, así como las diferentes perspectivas sobre la cooperación con la UE en este ámbito.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha calificado de «unilateral» e «injustificada» la decisión del Partido Popular (PP) de romper las negociaciones sobre la crisis migratoria en Canarias. Fuentes del ministerio, encabezado por Ángel Víctor Torres, lamentaron que el PP esté obstaculizando el proceso de negociación y señalaron que cada vez que hay avances, el partido de Alberto Núñez Feijóo añade más condiciones, lo que se interpreta como un intento de sabotear el acuerdo.
El ministerio también recordó que el PP mostró una actitud similar el pasado 23 de julio al rechazar la modificación legislativa que facilitaría la acogida de menores migrantes en toda España, lo que podría haber permitido ya realizar traslados. Desde el Gobierno se lamenta que el PP rompa las negociaciones basándose en «información falsa», insistiendo en que nunca se ha rechazado la ayuda de la Unión Europea (UE), que está debidamente reglamentada.
Además, se aclaró que el reglamento del Pacto de Migración y Asilo no entrará en vigor hasta 2026, lo que significa que hasta esa fecha las opciones de reubicación entre los 27 estados miembros son voluntarias. El ministerio criticó que, si el PP realmente estuviera interesado en llegar a un acuerdo, debería presentar sus condiciones en la mesa de negociación en lugar de romper las conversaciones de esta manera, considerándolo «irresponsable».
El Ministerio también acusó al PP de «fabricar excusas» para justificar su decisión de romper las negociaciones y señaló que el partido había denunciado supuestas filtraciones de las propuestas de negociación, lo que se considera otra falsedad, ya que es fácil verificar con los medios de comunicación que cubren la situación.
