Imagen: Llegada de un cayuco con 81 personas al sur de Tenerife. Alberto Valdés. Agencia EFE
El último naufragio de un cayuco en El Hierro sucedió el sábado a poco más de siete kilómetros de la costa, que ha dejado cerca de 60 víctimas mortales. El domingo, los barcos y helicópteros de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Cruz Roja y Gobierno de Canarias se empleaban a fondo por segundo día consecutivo en las tareas de búsqueda del medio centenar de desaparecidos del cayuco, ya sin esperanza de encontrarlos con vida.
El naufragio ha vuelto a poner de relieve las tensiones que vive El Hierro. El presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, han hecho una llamada de súplica al Gobierno de España y a la Unión Europea: «Estamos en una situación de crisis humanitaria en mayúsculas. Necesitamos que nos ayuden, el pueblo canario necesita ayuda, necesitan esa ayuda quienes vienen buscando una vida mejor y no podemos soportar más esta presión».
Ambos lamentaron la “triste tragedia” y consideraron que “es poco probable” que se puedan rescatar más cadáveres en las próximas horas, aunque afirmaron que “se sigue trabajando sobre el terreno”. “Por las circunstancias de fracción y demás, los cadáveres pueden ir apareciendo según las corrientes, previsiblemente más hacia el este del archipiélago”, explicaron.
El Hierro, principal foco de llegadas de inmigrantes
El Hierro, la isla más pequeña y menos poblada del archipiélago canario, se ha convertido en el principal foco de llegadas desde que se produjo la reactivación de la ruta canaria de migración hace ahora un año. Desde entonces, este punto, el más occidental de España, se ha convertido en un embudo en el que se producen atascos en los triajes realizados a los migrantes a la intemperie o en las pruebas óseas a los posibles menores, y quejas por la sobrecarga de trabajo por parte de la policía.
La tragedia ha servido, en parte, para que el Gobierno de Canarias vuelva a reclamar un acuerdo urgente que facilite la derivación de parte de los cerca de 5.500 menores que tutela Canarias a otras comunidades autónomas de la Península. De hecho, esta semana está previsto que el Gobierno central, el autonómico y el Partido Popular retomen las negociaciones tras más de cinco meses de atasco y fuego cruzado.
Canarias y el Estado sí han acelerado los pasos para evitar que la posible llegada de decenas de cadáveres tras el naufragio de El Hierro pueda colapsar el sistema funerario en una isla que lleva un año enterrando cuerpos. La alta letalidad de esta ruta migratoria ha llevado a que el cementerio del municipio de El Pinar (1.825 habitantes, en el que se ubica el Puerto de La Restinga) albergue ya unos 30 enterramientos de migrantes, en nichos que han sido cedidos por el Ayuntamiento.
