Acto de presentación de candidatura de Miguel Ángel Gallardo a la alcaldía de Villanueva de la Serena // PSOE Villanueva de la Serena
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) enfrenta un nuevo escándalo judicial que involucra a figuras clave de su estructura, tras conocerse la imputación de Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, junto con David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este caso, que gira en torno a presuntos delitos contra la Administración Pública, ha encendido el debate político y cuestiona las prácticas de gestión dentro del partido.
El origen de la controversia
La investigación parte de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detalla presuntas irregularidades en la creación de un puesto de coordinador para los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Este cargo, adjudicado a David Sánchez, habría sido creado con “urgencia” y supuestas irregularidades administrativas, según el dossier de la UCO, que revela que podría haber sido un puesto creado ad hoc, dirigido al hermano del presidente del Gobierno.
El informe destaca que, apenas seis días antes de la creación de este puesto, Gallardo rechazó aumentar la plantilla del área de Cultura, pese a las necesidades expuestas por los responsables del sector, incluyendo la reapertura de una biblioteca. No obstante, el proceso de selección del cargo para David Sánchez avanzó rápidamente, despertando suspicacias en sindicatos y sectores culturales que cuestionaron su utilidad y la priorización de esta plaza sobre otras demandas más urgentes.
La postura del PSOE ante las críticas
Desde el PSOE, las imputaciones han sido calificadas de «gratuitas» y basadas en “bulos”. Patxi López, portavoz del partido, aseguró que estas acciones responden a una campaña de desprestigio y negó la existencia de indicios penales contra Sánchez o Gallardo. En la misma línea, el líder socialista extremeño defendió que la contratación se realizó “conforme a ley y con transparencia” y argumentó que el proceso no habría sido cuestionado si no involucrara al hermano del presidente del Gobierno.
No obstante, las críticas de la oposición han sido contundentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó este caso como una muestra de la «degradación de la política española» y cuestionó la falta de autocrítica en el seno del PSOE.
La jueza Beatriz Biedma, encargada del caso, ha citado a declarar el próximo 9 de enero a Gallardo, David Sánchez y otros siete implicados. Aunque el informe de la UCO no concluye de forma definitiva la existencia de delitos penales, sí menciona “indicios racionales de criminalidad” relacionados con malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
Por otro lado, el abogado de Sánchez, Emilio Cortés, ha insistido en que las acusaciones son inconsistentes, afirmando que el informe de la UCO disipa muchas sospechas al no encontrar pruebas de enriquecimiento personal. Cortés señaló además que las cifras relacionadas con el coste del puesto de trabajo han sido tergiversadas en informaciones periodísticas.
El caso pone a prueba el código ético del PSOE, que establece que los cargos investigados deben rendir cuentas ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, la cual decidirá si se toman medidas disciplinarias. Sin embargo, el respaldo público que Gallardo ha recibido del partido y la militancia plantea dudas sobre la implementación de estas normativas.
Cabe destacar que el Código Ético del PSOE señala que “toda persona que ostente cargo o responsabilidad pública u orgánica vinculada al PSOE, en el caso de que resulte judicialmente investigado” puede ser objeto de “medidas estatutarias oportunas”, es decir, que en plena renovación de los liderazgos territoriales, Sánchez se encuentra con la posibilidad de sustituir la cabeza del PSOE extremeño en pleno Congreso Federal del PSOE, donde trata de recuperar la unidad del partido en torno a su figura.
