El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la cesión al País Vasco de la homologación de títulos universitarios extranjeros, considerando que se trata de una competencia estatal. La decisión ha provocado una fuerte reacción del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha calificado la sentencia como un “ataque directo” al autogobierno y al Estatuto de Gernika. El lehendakari Imanol Pradales ha pedido la formación de un “frente común” para defender la autonomía vasca y revertir la decisión del Supremo. El PNV ha recibido el respaldo de EH Bildu, que ha insistido en la necesidad de un nuevo estatus político que evite la “subordinación de los derechos” de Euskadi.
El fallo del Tribunal Supremo
El pasado viernes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 366/2024, que otorgaba al Gobierno Vasco competencias sobre la homologación de títulos extranjeros. La sentencia establece que esta facultad es exclusiva del Estado, lo que impide su traspaso a una comunidad autónoma. Desde el PNV, el portavoz parlamentario Joseba Díez Antxustegi ha subrayado que esta decisión no solo afecta al Gobierno Vasco, sino “al conjunto de Euskadi”. Según el dirigente nacionalista, se trata de una cuestión con una “trascendencia práctica” que impactará en sectores clave como el sanitario.
Uno de los argumentos principales del PNV contra la decisión del Supremo es su impacto en el sistema sanitario. “Nos faltan médicos, enfermeros y personal sanitario en Euskadi”, ha advertido Díez Antxustegi, asegurando que la transferencia de la homologación de títulos extranjeros habría facilitado la incorporación de profesionales cualificados al mercado laboral vasco. En este sentido, el PNV ha insistido en que la medida no solo es un recorte competencial, sino que también afecta a la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, ha instado a “todos los agentes políticos e institucionales” a sumarse a un “frente común” en defensa del autogobierno.
Bildu refuerza su apuesta por un nuevo estatus
Desde EH Bildu, la parlamentaria Diana Urrea ha expresado que la anulación del traspaso demuestra que “el autogobierno está mutilado y lastrado”. Para la formación independentista, la solución pasa por “poner en marcha un nuevo estatus político” que garantice la soberanía de Euskadi y evite decisiones unilaterales del Estado. Urrea también ha criticado al PNV por “apelar” al Partido Popular en la defensa del autogobierno, señalando que los jeltzales deberían centrarse en “alianzas entre quienes defienden que Euskadi es un pueblo soberano”.
En contraste con el tono crítico del PNV y Bildu, el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) ha pedido “calma” y ha instado a analizar la decisión con “cautela”. La parlamentaria Estibaliz Canto ha reconocido que la sentencia es “un varapalo” para Euskadi, pero ha advertido contra “reacciones precipitadas”. Por su parte, el Partido Popular ha celebrado la decisión del Supremo. La parlamentaria Laura Garrido ha defendido que “el autogobierno no puede entrometerse en competencias que no le corresponden” y ha acusado al PNV de utilizar un “discurso victimista y chantajista” cada vez que una decisión del Estado no le favorece.
