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Este martes, el Congreso se enfrenta a la toma en consideración de una nueva propuesta de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que busca incrementar el control judicial sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Aunque no es la primera vez que los nacionalistas vascos impulsan esta iniciativa, el actual contexto político podría favorecer un desenlace diferente, ya que el Gobierno depende más que nunca del apoyo de sus socios parlamentarios.
Un antecedente: el caso Pegasus
El PNV ya presentó esta proposición de ley por primera vez en mayo de 2022, como reacción al escándalo del espionaje con el software Pegasus. Según un informe de la Universidad de Toronto, el malware fue utilizado para espiar a políticos, periodistas y activistas independentistas, extrayendo información de sus teléfonos móviles. El Gobierno denunció posteriormente que los teléfonos del presidente Pedro Sánchez y varios ministros, como Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), también fueron intervenidos.
La entonces directora del CNI, Paz Esteban, admitió que el software fue usado para espiar a 18 líderes independentistas, incluido Pere Aragonès, expresidente de la Generalitat. Sin embargo, explicó que todas las intervenciones contaron con autorización judicial previa, motivadas por la investigación de delitos relacionados con el ‘procés’. A pesar de la aclaración, Esteban terminó perdiendo su puesto.
La propuesta del PNV: mayor supervisión y control
Los nacionalistas vacos regresan ahora con su iniciativa, consciente de la actual fragilidad parlamentaria del Gobierno. La proposición plantea que el director del CNI sea nombrado directamente por el presidente del Gobierno, y no por un ministro. Además, los nacionalistas proponen que los diputados de la comisión de secretos oficiales tengan conocimiento de los medios utilizados por los servicios de inteligencia, y que las actividades del CNI deban ser autorizadas previamente por un órgano colegiado formado por tres magistrados del Tribunal Supremo, en lugar de uno como ocurre ahora. En asuntos que afecten derechos fundamentales, se requeriría la unanimidad de los tres jueces.
También demanda que el CNI proporcione detalles a los jueces sobre los métodos empleados en sus labores, y que exista un control posterior para evaluar la proporcionalidad de sus acciones.
El papel del Ministerio de Defensa y los obstáculos para la propuesta
Desde 2018, tras la llegada de Margarita Robles al Ministerio de Defensa, el CNI depende directamente de esa cartera. La propuesta del PNV de que el presidente del Gobierno asuma la responsabilidad del nombramiento del director del CNI es solo una de las medidas que, según los críticos, podrían complicar la operatividad y rapidez de los servicios de inteligencia.
Esta no es la primera vez que se intenta avanzar con esta ley. En su primera presentación en 2022, la retiraron una semana después, pero en noviembre de ese año la reintegraron al Congreso, donde se debatió en diciembre. En esa ocasión, la votación fue contundente: 300 votos en contra, una abstención y solo 37 a favor. Entre los partidos que apoyaron la propuesta estuvieron ERC, Junts, PDeCAT, Más Madrid, Bildu, la CUP, Coalición Canaria y Compromís, además del PNV.
