El Partido Popular (PP) intensificará su ofensiva legal contra la amnistía, fundamentando su estrategia en dos razones primordiales. En primer lugar, busca esperar la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los populares confían en que tanto el Tribunal Supremo, que juzgó el proceso independentista catalán, como la Audiencia Nacional, que investiga el caso de Tsunami Democràtic, presentarán cuestiones prejudiciales ante los magistrados comunitarios, quienes, según su creencia, suspenderán de inmediato la aplicación de la amnistía.
Desconfianza hacia el Tribunal Constitucional
En segundo lugar, la dirección del PP desconfía del Tribunal Constitucional, al que perciben con una inclinación favorable al Gobierno debido a la mayoría progresista de sus magistrados. Por esta razón, pretenden extender al máximo los plazos legales. La falta de confianza es evidente, y no se olvida la descripción que hizo Esteban González Pons, vicesecretario general del área judicial del PP, al referirse al Constitucional como «el cáncer del Estado de Derecho».
Los plazos del proceso
La Ley de Amnistía, actualmente en proceso de tramitación en el Senado, otorga a los jueces un plazo de dos meses para aplicar la medida a todos los autores de delitos relacionados con el proceso independentista catalán. Durante este período, el PP anticipa que se presentarán «varias» cuestiones prejudiciales, no solo las mencionadas anteriormente.
Por otro lado, el PP dispone de tres meses después de la aprobación de la norma para presentar su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía. Fuentes del principal partido de la oposición aseguran que planean «agotar el plazo» al máximo, apostando por una intervención de la justicia europea. Según ellos, muchos juristas han señalado de manera clara que la aplicación de la amnistía se detendrá tan pronto como se eleve una cuestión prejudicial.
La implicación del TJUE
En medio de esta situación, fuentes cercanas al presidente del PP, Feijóo, expresaron la esperanza de que el TJUE detenga la ley antes de que sea necesario recurrir al Tribunal Constitucional. También señalaron la posibilidad de ir al Constitucional una vez que la ley esté aprobada, si conviene por motivos políticos.
Involucración de las comunidades autónomas
No obstante, los populares sí que tienen la intención de recurrir al Tribunal Constitucional tanto desde el grupo parlamentario como desde las comunidades autónomas, ya que argumentan que esta ley carece de apoyo entre los letrados de las comisiones de Justicia del Congreso y del Senado, a excepción de Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso de los Diputados.
