El Partido Popular continúa su firme postura frente al Gobierno en busca de aclaraciones sobre un presunto conflicto de intereses en el rescate de Air Europa. De hecho, ha presentado un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, contra la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) de archivar la denuncia presentada para investigar la posible implicación del presidente del Gobierno en el caso.
Falta de acción de la OCI
En el recurso, los populares impugnan la falta de acción efectiva por parte de la OCI y exigen que se lleven a cabo las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad del presidente. Argumentan que la institución no realizó ninguna investigación antes de descartar la denuncia, incumpliendo así lo establecido en la ley que regula el ejercicio de altos cargos en la Administración General del Estado.
En este sentido, exigen a José Luis Escrivá y a todo su departamento que exigen al departamento que dirige José Luis Escrivá que se “lleven a cabo las actuaciones oportunas para dirimir la responsabilidad del presidente”.
Información y conexiones con Koldo
El objetivo del PP con este recurso es doble. Por un lado, desean obtener toda la información disponible para, en su caso, poder presentar una denuncia ante la Fiscalía si encuentran indicios de responsabilidad penal.
Por otro lado, planean continuar el proceso iniciado en el Senado, donde se está llevando a cabo una investigación sobre el caso Koldo y sus conexiones, así como las diferentes ramas de la operación Delorme. Es por eso, no se descarta llamar en el futuro al presidente del Gobierno y a su esposa por este asunto.
Un asunto que podría escalar al Supremo
Fuentes del partido de Feijoo reconocen que, de encontrarse indicios de responsabilidad penal, se trasladaría la información a la Fiscalía, especialmente debido a los vínculos de algunas empresas con investigaciones judiciales relacionadas con la trama de corrupción socialista. La Fiscalía, en última instancia, podría elevar la denuncia al Tribunal Supremo, donde se evaluarían posibles responsabilidades penales.
Si el Gobierno persiste en su negativa a proporcionar la información requerida, el PP no descarta recurrir a la vía del contencioso-administrativo.
