El Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso para instar al Gobierno a ampliar las subvenciones destinadas a la reconstrucción de infraestructuras dañadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. La propuesta, que no es vinculante, busca corregir lo que la formación considera un “agravio comparativo injustificado”, dado que 30 municipios valencianos que fueron incluidos en el listado de la Generalitat quedaron fuera de las ayudas estatales. Según informó Europa Press, la iniciativa también contempla modificaciones en otras comunidades afectadas, como Andalucía y Castilla-La Mancha.
El texto de la propuesta, registrado en la Comisión de Política Territorial, denuncia que la exclusión de estos municipios compromete la reconstrucción de infraestructuras esenciales y pone en riesgo la prestación de servicios básicos. Desde el PP, consideran que esta situación genera una discriminación territorial que debe ser corregida para garantizar una respuesta justa a los daños provocados por la DANA.
En concreto, los ‘populares’ han solicitado que las subvenciones se extiendan a los municipios valencianos de Carcaixent, Castelló, Chulilla, L’Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabib.
Además de solicitar la modificación del listado de beneficiarios, el PP ha pedido al Ejecutivo que coordine la inclusión de los municipios afectados con los gobiernos autonómicos y las administraciones locales. Su objetivo es evitar “situaciones de discriminación territorial” y asegurar que todas las localidades perjudicadas por el fenómeno meteorológico reciban el apoyo necesario para su recuperación.
Otro de los puntos clave de la iniciativa se centra en la transparencia y control de los fondos destinados a la reconstrucción. El PP insta al Gobierno a establecer mecanismos de supervisión que garanticen una distribución equitativa y eficiente de las subvenciones, evitando desigualdades en la asignación de recursos.
