Fernando López Miras tachó en San Pedro del Pinatar el recorte del 50 % del Trasvase Tajo-Segura de «mayor ataque político que ha sufrido la Región de Murcia en 50 años». El presidente popular denunció que la decisión se ha tomado «en un despacho, sin informes científicos y solo por ideología» y cifró el riesgo en 300 000 empleos y el abastecimiento de agua de 2,5 millones de personas en el Levante.
El malestar llega tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a adelantar a 2025 el caudal ecológico que la normativa preveía para 2027, paso que, según el dirigente murciano, «equivale a recortar a la mitad el trasvase» y deja a la región «en situación de extrema vulnerabilidad».
El 13 de mayo López Miras defendió en el Congreso una proposición de ley aprobada por la Asamblea Regional para mantener las reglas de explotación pactadas en 2014 y frenar «cualquier merma unilateral». El texto reclama consenso estatal en materia de agua y rechaza que la desalación sea alternativa suficiente. El presidente murciano recordó que la mitad de las desaladoras estatales «no funciona a pleno rendimiento» y que producir agua marina encarece el recurso un 40 %. Añadió que el proceso es intensivo en energía, difícil de transportar a cotas interiores y «no permite cultivar por sí solo».
Andalucía advirtió de que el nuevo marco dejaría a Almería con la mitad de su dotación anual (7,5 hm³ menos) y respaldó la exigencia de revisar las reglas con criterios técnicos.
En el Congreso local extraordinario del PP, Pedro Javier Sánchez Aznar fue elegido presidente con amplia mayoría. López Miras puso como ejemplo el aprovechamiento hídrico del municipio (93 % de eficiencia) y destacó proyectos en marcha: la estación de bombeo de Lo Pagán, la urbanización junto a la Santísima Trinidad y la ampliación del centro de salud.
