En Castilla y León, el PP baraja un adelanto electoral “técnico” para primavera. Aunque la legislatura debería culminar en febrero de 2026, las fechas invernales y las festividades locales convierten a mayo en el periodo más adecuado, según fuentes del partido. Este movimiento también se vería favorecido si Pedro Sánchez decidiera anticipar las elecciones generales, lo que permitiría al PP combinar ambos comicios.
A pesar de ello, el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, aún no ha tomado una decisión y prefiere esperar a resolver el desafío planteado por Vox, que amenaza con bloquear los presupuestos regionales. De no conseguir su aprobación, Mañueco podría optar por prorrogarlos, minimizando el impacto del bloqueo.
Las encuestas internas del PP proyectan una posible mayoría absoluta, aunque el antecedente de las elecciones de 2022, cuando Mañueco tuvo que pactar con Vox tras quedarse lejos de esa meta, se mantiene presente.
Baleares: tensiones con Vox y posible adelanto electoral
En las Islas Baleares, el panorama es distinto. La presidenta Marga Prohens enfrenta un conflicto con Vox, que condiciona su apoyo a los presupuestos a exigencias como la no derogación de la Ley de Memoria. El PP balear, en un gesto inesperado, pactó con el PSOE para mantener dicha ley, revirtiendo enmiendas erróneas en otras normativas.
Aunque Prohens no descarta el adelanto electoral, ha señalado marzo como posible fecha para tomar una decisión definitiva, dependiendo de si se logra o no un acuerdo con Vox. Según su entorno, “todo depende de Vox nacional”, en alusión a las posturas que mantengan Santiago Abascal y su liderazgo sobre cuestiones clave como la inmigración.
Internamente, el PP balear se encuentra bajo presión de varios alcaldes que ven en unas elecciones anticipadas una oportunidad para capitalizar el creciente apoyo al partido, reflejado en encuestas que le otorgan hasta 30 diputados, cerca de la mayoría absoluta.
El PSOE y sus propios desafíos
Mientras tanto, en el PSOE, los problemas internos también ocupan titulares. Uno de sus diputados enfrenta una sanción de 1.200 euros por ausentarse en una votación clave que permitió la suspensión del impuesto a la producción energética. La dirección del partido, visiblemente molesta, busca enviar un mensaje de disciplina.
En otro frente, el exministro José Luis Ábalos se prepara para comparecer ante el Tribunal Supremo tras recibir una abrumadora cantidad de documentos relacionados con su caso. Con miles de archivos PDF y vídeos por analizar, Ábalos intenta desmontar las acusaciones en su contra.
