El Partido Popular (PP) presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprobada en mayo, la cual busca perdonar los delitos vinculados con el proceso independentista catalán de los últimos diez años. Además, solicitó la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional, argumentando que el tribunal debe actuar de manera «imparcial» e «independiente» al evaluar esta ley. En concreto, el PP pide la exclusión de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal, así como de Juan Carlos Campo, exministro de Pedro Sánchez, y Laura Díez, exdirectora general de Moncloa.
En una declaración grabada, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, explicó que este recurso no solo es «necesario» sino una «obligación moral» para su partido. Según Gamarra, el PP se ha convertido en el «único partido de Estado» que permanece en el Parlamento, lo que, en su opinión, les impone la responsabilidad de proteger los principios constitucionales. Afirmó que la ley de amnistía vulnera la Constitución y está diseñada para «borrar delitos» con el objetivo de mantener a Pedro Sánchez en el poder, a cambio de otorgar «privilegios de impunidad» y destruir el principio de igualdad ante la ley.
El PP argumenta que la ley es «inconstitucional», «injusta» e «inmoral«, ya que su único fin es garantizar la inmunidad de una «casta política» y así asegurar la continuidad de Sánchez como presidente del Gobierno. Gamarra señaló que esta ley no solo es arbitraria, sino que constituye una «autoamnistía», ya que quienes la impulsan son los mismos que se benefician de ella.
Gamarra también precisó que el recurso detalla las «infracciones y vulneraciones» que esta ley comete contra la Carta Magna. Para el PP, la amnistía no solo es contraria a los principios constitucionales, sino que se trata de una herramienta política que atenta contra la equidad y la justicia en España.