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El Ejecutivo central ha vuelto a poner sobre la mesa la disputa con las comunidades autónomas en torno a la Ley de Vivienda, amenazando con cortar la financiación estatal a aquellas que no apliquen la normativa aprobada en la anterior legislatura por el PSOE y sus aliados. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lanzó ayer un contundente mensaje advirtiendo que las regiones que no cumplan con la ley no recibirán recursos del Estado para sus políticas de vivienda, en clara referencia a la Comunidad de Madrid y otras administraciones lideradas por el Partido Popular.
Advertencia sobre la financiación
Durante una entrevista en TVE, Rodríguez afirmó que, aunque su intención es seguir apoyando a las comunidades en materia de vivienda, exigirá que estas cumplan con la Ley de Vivienda. De lo contrario, condicionará la financiación estatal a la aplicación de la normativa, recordando que entre el 70% y el 75% de las inversiones de las regiones provienen del dinero estatal. La ministra insistió en que no puede tratar por igual a aquellas comunidades que cumplen con la ley y a las que, según sus palabras, se oponen a ella por razones políticas.
Respuesta de Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tardó en responder a las declaraciones de Rodríguez. A través de la red social X , Ayuso criticó las políticas del Gobierno central y calificó de «inaceptable» la limitación de los precios de la vivienda, asegurando que no funciona y que atenta contra la propiedad privada. También acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber construido ninguna vivienda en seis años y de estar «obsesionado» con Madrid.
La postura de Ayuso fue respaldada por otras comunidades gobernadas por el Partido Popular. Rocío Díaz, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, calificó las declaraciones de Rodríguez como un «chantaje» y acusó al Gobierno de tener un enfoque intervencionista. Por su parte, la Generalitat Valenciana también mostró su rechazo, argumentando que el Ejecutivo central se está inmiscuyendo en competencias autonómicas en lugar de ofrecer soluciones para mejorar la situación del mercado inmobiliario.
La posición de otras autonomías
Aunque las comunidades del PP se han mostrado críticas con la Ley de Vivienda, otras regiones han adoptado una postura diferente. Cataluña ha sido la única autonomía que ha implementado un límite en los precios del alquiler, mientras que Navarra, el País Vasco y Asturias han mostrado interés en intervenir el mercado, aunque aún no han tomado medidas concretas. En contraste, comunidades como Castilla-La Mancha, gobernada por el PSOE, tampoco han solicitado la declaración de zonas tensionadas, lo que refleja la falta de consenso en torno a la ley.
Puntos clave de la ley
A pesar de la presión del Gobierno, la Ley de Vivienda no obliga a las comunidades a establecer límites en los precios del alquiler, sino que deja esa decisión en manos de las propias regiones. Hasta ahora, solo Cataluña ha adoptado esta medida, mientras que la mayoría de las comunidades, especialmente las lideradas por el PP, no han mostrado interés en hacerlo. Rodríguez no especificó qué puntos de la ley no están siendo cumplidos por las autonomías, pero su mensaje fue claro: la financiación estatal estará condicionada al cumplimiento de la normativa.
