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La discusión sobre la regulación del anonimato en las redes sociales, como una medida para combatir eficazmente los delitos de odio, no es un tema nuevo. Este debate ha sido abordado previamente en el Parlamento, con al menos dos propuestas del Partido Popular (PP), una en 2017 en el Congreso y otra en 2021 en el Senado. En ambas ocasiones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se opuso a modificar la ley para exigir la identificación real y verificada de los usuarios al crear cuentas en plataformas como X, Facebook, Instagram o TikTok, aunque pudieran usar seudónimos en sus interacciones.
Resurgimiento del debate
Este tema ha resurgido tras la reciente propuesta del fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar. La sugerencia llegó después de una ola de mensajes violentos y racistas contra inmigrantes, difundidos tras la propagación de falsos rumores sobre el asesinato de un niño en Mocejón, Toledo. El debate se centra en cómo equilibrar la seguridad en internet y la lucha contra la impunidad, con la protección de la libertad de expresión, especialmente para quienes prefieren el anonimato por razones personales o profesionales.
Desafíos en la persecución de delitos
El fiscal ha destacado en una entrevista la dificultad que enfrenta su equipo para perseguir los delitos de odio en redes sociales, que son cada vez más comunes. Muchos usuarios se sienten impunes al lanzar campañas contra colectivos vulnerables o participar en linchamientos y acoso en línea. La Fiscalía, en ciertos casos, choca contra un muro al no poder identificar a los responsables detrás de cuentas anónimas. A diferencia de los medios de comunicación, las plataformas no tienen responsabilidades legales claras, lo que resulta en controles insuficientes y respuestas tardías para eliminar contenido ofensivo o falso.
Propuestas anteriores y reacciones
El PP ha sido el partido que más ha insistido en la línea propuesta por el fiscal, presentando dos iniciativas legislativas que buscaban obligar a los usuarios de redes sociales a registrarse con su identidad real. La primera, en 2017, surgió tras las amenazas recibidas por la diputada Alicia Sánchez-Camacho, pero fue rechazada por el PSOE y otros partidos, quienes argumentaron que la medida podría limitar la libertad de expresión. La propuesta nunca llegó a debatirse en el Pleno del Congreso y quedó archivada tras la moción de censura que cambió las prioridades del PP.
En 2021, el PP volvió a presentar una propuesta en el Senado, con un alcance más amplio que incluía la regulación de las responsabilidades de las plataformas digitales. Sin embargo, esta también fue rechazada, con el PSOE argumentando que la propuesta chocaba con normas europeas y que cualquier medida sobre la identificación de usuarios debería consensuarse a nivel europeo. El resultado de la votación fue desfavorable para el PP, lo que cerró el último intento de regular el anonimato en redes sociales.
Un debate sin resolución
A pesar de los intentos anteriores, el debate sobre cómo abordar el anonimato en internet sigue sin consenso político. Mientras el PP insiste en la necesidad de medidas más estrictas, el PSOE defiende que cualquier cambio debe ser equilibrado y respetuoso con los derechos fundamentales, y coordinado a nivel europeo. Con la reciente propuesta del fiscal Aguilar, el tema vuelve a estar sobre la mesa, avivando un debate que parece lejos de resolverse.
