Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha acusado al ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, de “gobernar contra las empresas”. Estas críticas por parte de Garamendi llegan apenas 24 horas de que Yolanda Díaz “relajase” su actitud con la patronal y las pymes para llegar a un acuerdo y cambiar la jornada laboral máxima.
Garamendi ha criticado esta iniciativa de Yolanda Díaz durante su discurso en asamblea general que ha tenido lugar esta mañana: “Cambiar las reglas de juego en mitad del partido reducir la jornada para cumplir pactos políticos es gobernar contra las empresas, contra los ciudadanos, contra los intereses de sus votantes”. Así mismo, el presidente de la CEOE ha criticado la idea de Yolanda Díaz de querer reducir la jornada a 37,5 horas semanales debido a que “equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas”.
Tras el discurso el presidente de la CEOE no ha dudado en criticar también ante la prensa a los sindicatos que han amenazado con llevar a cabo movilizaciones si “no se reduce la jornada”, una cuestión que ha puesto en duda después de que estas firmaran en 2023 el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2024, 2025 y 2026. De esta manera, Garamendi ha advertido que no aceptan “ni ultimátum, ni trágalas”.
Garamendi muestra su descontento con Yolanda Díaz
Además, ha insistido en que si no hay un entorno predecible las empresas se ven obligadas a actuar desde una “actitud defensiva”. “Nosotros no tenemos que pedir un asiento en el diálogo social, nosotros hemos construido el diálogo social” y ha subrayado: “A mí no me tienen que invitar a ninguna mesa. Yo soy la mesa, soy parte de la mesa”.
También ha asegurado que: “Entiendo que para algunos sea más cómodo no tenernos en la mesa porque no somos amiguetes de nadie ni queremos ser cómplices de futuros fracasos”. Tras este sincero discurso, Garamendi ha cerrado su discurso apelando a la unidad, confianza e independencia: “no se siente concernida por acuerdos políticos” y ha reclamado “seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma y estabilidad política para que las empresas puedan crear empleo”.
