Imagen: Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso. Alberto Ortega / Europa Press
La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Pepa Millán ha trasladado este martes que su partido cuenta con un protocolo de actuación contra el acoso sexual, pero ha pasado prácticamente desapercibido para cargos del partido y afiliados. Tras los testimonios que acusan a Íñigo Errejón de haber abusado de varias mujeres, Vox se ha visto obligado a subir este protocolo a su página web. Es obligado por ley, pero lo cierto es que, hasta este martes, el partido no lo había subido al área de afiliados -de uso restringido para los militantes- para que estos conozcan sus derechos. Tanto partidos como asociaciones o empresas deben contar con él.
Aunque Millán se refirió a la existencia de esas normas internas para casos de abuso sexual, el partido enmarca esas conductas únicamente dentro de un protocolo general “para la prevención y actuación frente al acoso laboral en Vox”, de acuerdo con “las disposiciones legales establecidas en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Ley de Igualdad, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y otras normativas vigentes en materia de acoso laboral”.
Por ello, el partido deja claro desde el principio que dicho protocolo se aplicará únicamente en “las situaciones de acoso que se producen durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo”. Y matiza que “el lugar de trabajo, incluye los espacios públicos y privados que son lugar de trabajo, los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde esta toma su descanso o donde come”. También se contempla su aplicación si el supuesto acoso se comete “en desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación”, pero siempre “relacionados con el trabajo”. Esto, en principio, excluiría agresiones sexuales fuera de ese ámbito.
Vox explica en el documento que “se entenderá por acoso laboral cualquier comportamiento no deseado, hostil o abusivo, que tenga como objeto o efecto atentar contra la dignidad del trabajador, crear un ambiente intimidatorio, degradante, humillante u ofensivo, o alterar sus condiciones laborales, ya sea de forma verbal, psicológica, física o sexual”.
En el caso de que se materialice una denuncia, Vox advierte de “serán secretas, pero no podrán ser anónimas”. “Vox garantizará la confidencialidad de las partes afectadas”, explican en el protocolo. La investigación correría a cargo de una Comisión Instructora compuesta por tres personas: un Responsable de RRHH, un Coordinador Jurídico –que en la actualidad es Marta Castro–, y un responsable de Cumplimiento Normativo. La comisión tendrá una duración de 4 años.
El protocolo aparece cuando el PP activa también su protocolo
Estas declaraciones de Millán llegaban en la misma jornada en la que trascendía que el PP activó su protocolo contra la violencia sexual dentro del partido al calor de las insinuaciones en redes sobre posibles casos de acoso de los alcaldes populares de Algeciras y Estepona. Sobre todo, a raíz de una publicación en Telegram por parte del eurodiputado Alvise Pérez.
Respecto al primero, José Ignacio Landaluce, quien también es senador, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, desmintió las acusaciones tras contactar con las dos supuestas denunciantes, concejales del partido, que lo desmintieron. Hay ya abierta una investigación judicial al segundo, José María García Urbano.
