El PSOE ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional, alegando un presunto espionaje contra el presidente del Gobierno y su entorno. Esta acción ha generado controversia debido al método utilizado, el cual previamente habían criticado en el caso de Begoña Gómez, esposa de Sánchez. La denuncia se basa en recortes de prensa y audios del activista Alvise Pérez, a quien califican de «ultraderechista».
Informaciones supuestamente falsas sobre el entorno de Sánchez
El escrito presentado por el PSOE argumenta que el clan Villarejo habría filtrado informaciones supuestamente falsas sobre el entorno de Sánchez, particularmente relacionadas con los negocios de saunas de su suegro. Estas informaciones, según el PSOE, habrían sido utilizadas como arma política por varios miembros del Partido Popular (PP) contra Sánchez.
La denuncia se sustenta en unos audios publicados por tres cabeceras nacionales, que forman parte de la operación Tándem, que revelan conversaciones entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En estos audios se menciona un supuesto encuentro entre Sánchez y mandos de lo que se denomina como «policía patriótica».
El PSOE solicita al juez instructor, Manuel García-Castellón, que levante el secreto de sumario, algo que ya había sido decretado previamente. Además, demanda que declaren Villarejo y Martínez en calidad de investigados.
Sin embargo, esta acción ha sido criticada debido a que el método utilizado por el PSOE para denunciar el presunto espionaje es el mismo que previamente habían desacreditado en el caso de Begoña Gómez. En dicho caso, la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra la esposa del presidente también se basaba en recortes de prensa.
El audio en cuestión, grabado por Villarejo en 2014, revela información sobre los negocios del suegro de Sánchez y menciona un presunto encuentro entre Sánchez y miembros de la «policía patriótica». El PSOE argumenta que esta conversación demuestra que la información disponible para el Ministerio del Interior del PP no era pública y que su objetivo era utilizarla con fines políticos.
