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A partir de 2025, España enfrentará un importante reto financiero: el Banco Central Europeo (BCE) dejará de reinvertir en su deuda tras finalizar el Programa de Compras de Emergencia en tiempos de pandemia (PEPP). Esto significa que España, que hasta ahora ha contado con el BCE como uno de sus principales compradores de deuda, deberá recurrir al mercado para encontrar nuevos inversores. La situación podría complicarse si no se logran aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese año, generando un escenario de inestabilidad.
Presupuestos prorrogados y riesgo de desconfianza en los mercados
Una nueva prórroga de los PGE, ya discutida en el ambiente político, llevaría a gobernar con unas cuentas diseñadas en 2022, cuando la situación económica era muy distinta. La falta de acuerdo para aprobar nuevos presupuestos podría ser vista con desconfianza por los mercados, encareciendo el coste de la deuda. Cuando un país vende títulos de deuda, los inversores exigen un tipo de interés acorde con la confianza en su capacidad de pago. Si surgen dudas, los inversores pedirán un tipo más alto, lo que podría aumentar la prima de riesgo de España, es decir, la diferencia entre el tipo de interés que paga el bono español y su equivalente alemán.
Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, advierte que la ausencia del BCE como comprador complicará la situación: «A partir de enero, sin la flexibilidad que ofrecía el BCE, cualquier desvío será más difícil de gestionar, especialmente sin unos nuevos presupuestos aprobados«.
Impacto en los países de la Eurozona
Este desafío no es exclusivo de España; afectará a todos los países de la Eurozona. Sin embargo, aquellos con un mayor déficit, como Francia, están en una posición más vulnerable. Se estima que el déficit fiscal de Francia rondará el 5,5% del PIB este año. Aunque España no enfrenta un déficit tan elevado, sigue siendo crucial para el país aprobar unas nuevas cuentas que le permitan gestionar mejor su deuda en el mercado.
El fin del PEPP y su impacto en la deuda pública
El BCE lanzó el PEPP en marzo de 2020 para mitigar el impacto del COVID-19 en las economías europeas. A finales de 2021, el BCE decidió poner fin a las compras netas de activos y reinvertir en los valores adquiridos hasta finales de 2024. En diciembre de 2023, se confirmó que las reinversiones se detendrán por completo a finales de este año.
El BCE ya ha instado a los países de la Eurozona a reducir sus niveles de deuda pública. En su última declaración, el organismo solicitó a los gobiernos aplicar de manera estricta el marco de gobernanza económica de la UE para reducir déficits y ratios de deuda de forma sostenida. España cerrará el año con una deuda pública equivalente al 105,4% de su PIB, nivel que se mantendrá hasta 2025, según el Banco de España.
