La reciente fuga de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, expone fracturas significativas entre el Gobierno de Sánchez y el sistema judicial. La falta de una respuesta por parte del Ejecutivo levanta sospechas sobre un posible pacto entre Moncloa y Puigdemont.
Carles Puigdemont, figura central en el movimiento independentista catalán, está buscado por las autoridades españolas desde el referéndum ilegal de independencia de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. En ese entonces, Puigdemont huyó a Bélgica para evitar la persecución judicial en España. Desde entonces, ha mantenido un perfil político activo en el exilio, presionando por la independencia de Cataluña desde fuera del país. La reciente polémica que ha captado la atención de todos , se produjo cuando Puigdemont logró evitar nuevamente la detención a pesar de la presencia de unos 300 agentes de policía en Barcelona. Lo que ha llevado al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a solicitar explicaciones tanto a los Mossos d’Esquadra como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La pregunta clave es cómo fue posible que un operativo de tal magnitud fracasara en la captura de un individuo tan buscado.
El juez Pablo Llarena, quien lleva años instruyendo el caso del procés, ha expresado su frustración con el fracaso del operativo. Llarena esperaba que esta fuera la oportunidad de presentar a Puigdemont ante la justicia española después de siete años de eludir la ley. El juez ha solicitado un informe detallado sobre las acciones tomadas por las fuerzas de seguridad, específicamente sobre el papel de los Mossos d’Esquadra y las instrucciones emitidas por el Ministerio del Interior. Llarena busca entender cómo un operativo de tal importancia pudo haberse visto comprometido y qué factores contribuyeron al fracaso.
Mientras que Moncloa ha intentado desviar la responsabilidad hacia la policía catalana, el silencio del presidente ha sido interpretado por algunos sectores como una señal de un posible acuerdo encubierto con Puigdemont. Esta teoría, aunque difícil de demostrar sin pruebas concretas, genera tracción en ciertos círculos políticos y medios de comunicación, donde se sugiere que el Gobierno podría estar colaborando para facilitar los movimientos de Puigdemont a cambio de apoyo político. Las críticas no se han hecho esperar, especialmente por parte de los partidos de la oposición, que han utilizado la situación para atacar al Gobierno. La teoría del pacto ha sido especialmente impulsada por aquellos que argumentan que Sánchez podría estar buscando acuerdos con el secesionismo para mantener la estabilidad de su gobierno, lo que, de ser cierto, podría implicar un serio compromiso con el Estado de derecho.
Consecuencias para Pedro Sánchez
A pesar de que Puigdemont ha vuelto a escapar, el Gobierno ha mantenido que el episodio es un «estertor» del movimiento independentista catalán. Según esta narrativa, los independentistas están divididos, y el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) representa un punto de inflexión significativo en la política catalana. Esta división interna podría llevar a una reconfiguración del mapa político en Cataluña, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) esperando que tanto Junts per Catalunya como ERC experimenten cambios en sus liderazgos hacia posiciones más moderadas y abiertas al diálogo con Madrid.
Salvador Illa, líder del PSC, ha conseguido asumir el control de la Generalitat, lo que representa un logro importante para Pedro Sánchez, quien ha estado enfocado en consolidar la influencia del PSOE en Cataluña. Sin embargo, Puigdemont podría usar su influencia para desestabilizar al Gobierno central, una preocupación que Moncloa no puede ignorar. A pesar de esto, se cree que Puigdemont no tomará medidas drásticas hasta que su situación legal se resuelva.
Más allá de la cuestión catalana, Pedro Sánchez enfrenta desafíos internos significativos dentro del PSOE. Se está gestando una revuelta territorial en respuesta a la propuesta de un concierto fiscal catalán, lo que ha generado fricciones entre las diferentes federaciones socialistas del país. Por otro lado, el escándalo que involucra a Begoña Gómez, , sigue siendo un problema que podría complicar aún más.
