El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda que presentó el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por lesión al honor contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
La Sala Primera o de lo Civil ha acordado sustanciar la acción legal del novio de Ayuso por los trámites del juicio ordinario, después de que fracasase el acto de conciliación al que estuvo emplazada en un primer momento la también ministra de Hacienda.
El alto tribunal le da, a través de un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que ejerce como magistrado ponente a Pedro José Vela Torres, un plazo máximo de 20 días para que presente las alegaciones que considere a través de su abogado y con procurador. En el caso de que haga caso omiso y no conteste a la demanda, el procedimiento contra ella continuará estando declarada en rebeldía.
El novio de Ayuso ha reclamado una indemnización a la vicepresidenta socialista 40.000 euros, por el contenido de las declaraciones que públicamente hizo sobre él y con las que supuestamente dañó su honor el pasado 12 de marzo y los días 3, 23 y 24 del último octubre.
La pareja de Ayuso habría defraudo 350.000 euros
Alberto González Amador, exige también a María Jesús Montero que rectifique las acusaciones que vertió sobre él. En marzo, la vicepresidenta socialista aseguró en una sesión de control en el Congreso de los Diputados que Ayuso “está viviendo en un piso que pagó con fraude a la Hacienda Pública”.
El pasado 3 de octubre, Montero aseguró que “es obvio que la pareja de Díaz Ayuso se enriqueció en uno de los peores momentos que hemos atravesado en este país, como fue la pandemia”.
Palabras que acompañó con la afirmación de que “es obvio que él mismo ha reconocido ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado que cometió un delito fiscal y ha aceptado, me parece recordar, unos meses de cárcel y la imposición también de una multa en torno al medio millón de euros”.
La pareja de Ayuso está siendo investigada por defraudar, supuestamente, 350.000 euros a la Agencia Tributaria entre 2021 y 2021. Así mismo, está imputado por un delito de falsedad documental tras haber presentado, presuntamente, unas facturas manipuladas para reducir el pago de impuestos que no se correspondían con los servicios que realmente habría prestado.
