El Tribunal Supremo ha convocado una vista pública este jueves para que el Gobierno explique las medidas que ha tomado respecto a unos mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias en condiciones de hacinamiento. Esta comparecencia se produce tras la falta de cumplimiento de una orden judicial previa que exigía al Ejecutivo garantizar su acogida adecuada dentro del sistema nacional de protección internacional.
Requerimientos del alto tribunal
Según lo indicado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Ejecutivo central debe informar con detalle sobre cuántos de estos menores han sido ya evaluados individualmente dentro del sistema, y qué recursos de acogida se les han asignado. También se espera conocer cuántos siguen pendientes de evaluación y de asignación de plaza. Si el sistema no dispone de suficientes recursos para atenderlos, la Administración deberá presentar qué medidas ha adoptado para ampliar la capacidad y en qué plazo se espera conseguirlo.
Además, el Tribunal ha pedido información precisa sobre qué unidades administrativas están encargadas de estas actuaciones y qué acuerdos concretos se han firmado con el Gobierno canario para dar cumplimiento a esta obligación. La vista servirá también para conocer si existe un calendario definido para ejecutar estas actuaciones.
