Por primera vez en democracia, el Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado. Esto ha provocado una dura reacción del Gobierno. Las tensiones entre el poder ejecutivo y judicial alcanzan su punto más alto. Especialmente con el Supremo, enfrentado por la ley de amnistía y la negativa a aplicarla a Puigdemont.
Manuel Marchena, expresidente de la sala del ‘procés’, critica abiertamente al Gobierno. Lo hace en su libro La Justicia amenazada. Sostiene que hay una presión política sobre los jueces. El Supremo ha rechazado aplicar la amnistía en casos de malversación. Incluso ha llevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Todo esto complica las relaciones de Sánchez con Junts, su socio clave. La situación ha estallado con el procesamiento del fiscal Álvaro García Ortiz. El instructor, Ángel Hurtado, vincula a la Moncloa con una operación contra Isabel Díaz Ayuso. Menciona contactos entre la Presidencia y un fiscal del caso de la pareja de Ayuso.
El Gobierno niega injerencias pero avanza en su reforma
El ministro Félix Bolaños niega cualquier implicación del Ejecutivo. También evita criticar directamente al juez. Pero Óscar Puente lanza la acusación: “esto es lawfare“. Asegura que los jueces son “la verdadera oposición”.
El Gobierno no quiere cesar al fiscal general. Aunque está procesado, seguirá en su puesto. Esto genera una fuerte erosión sobre la Fiscalía General del Estado. La institución debería velar por la ley y el interés público, no por los intereses políticos.
Pese a todo, Sánchez ve la oportunidad. Planea usar este caso para acelerar su reforma judicial. Quiere convencer a sus socios de la necesidad de cambiar el sistema de justicia.
Bolaños impulsa cambios polémicos en la carrera judicial
Esta misma semana, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales convocaron un paro. Lo hicieron para protestar contra dos proyectos del Ejecutivo. El primero es la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal. El Consejo de Ministros ya la ha enviado al Congreso.
El segundo es aún más polémico. El Gobierno quiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su objetivo es que los fiscales dirijan las investigaciones penales. De aprobarse, quitarían esa función a los jueces. El ministro planea llevar esta reforma al Consejo en junio. De ahí, pasará al Parlamento.
Además, Bolaños quiere reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pretende hacerlo como una disposición adicional dentro de la nueva Lecrim. Así podrá tramitar las dos reformas a la vez. Esta nueva norma evitará que un fiscal general procesado sea cesado. También ampliará el mandato de cuatro a cinco años.
La sospecha entre los fiscales es clara: temen que el Gobierno nombre a un nuevo fiscal al final de la legislatura. Así, el próximo Ejecutivo no podrá removerlo. Estará blindado por ley, lo que supondría un golpe más a la independencia judicial.
