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El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido por unanimidad el primer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, presentado por el Tribunal Supremo (TS) en julio pasado. El alto tribunal considera que la ley vulnera principios fundamentales como el derecho a la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica. El proceso quedará suspendido hasta que el TC se pronuncie de manera definitiva sobre el asunto.
Abstención y frágil mayoría en el TC
Antes de tomar la decisión, se aceptó la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, debido a su implicación en la tramitación de los indultos a los líderes del «procés«. Con Campo apartado, la mayoría progresista dentro del tribunal es estrecha, con seis magistrados frente a cinco conservadores. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, podría tener un voto decisivo si este equilibrio de fuerzas se mantiene.
Intensos debates por delante
El Tribunal Constitucional enfrentará un otoño cargado de trabajo. A la admisión de este recurso se suman otros procesos impulsados por gobiernos autonómicos, en su mayoría del Partido Popular (PP), y dos recursos adicionales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El TC deberá primero debatir sobre la legitimidad de los gobiernos regionales para impugnar la ley, analizando si tienen un interés directo en el tema.
Además, los condenados en el juicio del «procés», incluidos Carles Puigdemont, también podrían recurrir la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles, ya que la ley no incluye el delito de malversación. No obstante, para hacerlo, deberán agotar primero las vías judiciales y recursos ante el alto tribunal.
Dudas del Supremo sobre la ley
El recurso del Tribunal Supremo surgió a raíz del caso de un condenado por desórdenes públicos en 2019 en Gerona, durante las protestas contra la sentencia del «procés». El alto tribunal expresó su preocupación al señalar que la Ley de Amnistía podría ser inconstitucional por introducir un trato discriminatorio y vulnerar el principio de igualdad ante la ley. Además, alertó sobre el riesgo de establecer una «amnistía permanente revisable», que contravendría la seguridad jurídica y alteraría la convivencia democrática.
En su escrito al TC, el Supremo enfatizó que este debate no es meramente político, sino que se trata de defender principios fundamentales del sistema constitucional y democrático. Según el tribunal, el impacto de la ley podría tener consecuencias graves para la preservación de estos valores.
