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El Tribunal Constitucional (TC) podría dar un impulso inesperado a la amnistía al prever conceder amparo a la exconsejera de Hacienda andaluza Carmen Martínez Aguayo y a otros cuatro condenados por malversación en el caso ERE. Algunos juristas sostienen que esta sentencia podría sentar jurisprudencia, abriendo la puerta a perdonar este delito durante el procés, en caso de que partidos políticos, jueces o afectados recurran al TC por vulneración de derechos.
Deliberaciones en el Constitucional
Este martes, el Pleno del Constitucional abordará los recursos de cinco personas condenadas a prisión por el caso ERE. Entre los posibles beneficiados se encuentran los exconsejeros andaluces Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Jesús María Rodríguez Román y Carmen Martínez Aguayo. Martínez Aguayo, quien fue mencionada previamente, salió de prisión el pasado 10 de junio después de cumplir una condena de un año y medio.
También se analizará el recurso de Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien lideró la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entre 2004 y 2008. Este organismo fue crucial en la concesión de subvenciones que generaron un déficit de 680 millones de euros en Andalucía. Las condenas del caso ERE fueron impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019 y ratificadas por el Tribunal Supremo en 2022.
Jurisprudencia y controversia en el caso de los ERE
La tesis del Constitucional es que no se puede condenar por malversación en casos donde se cumplían las leyes. La magistrada Inmaculada Montalbán sostiene que la mayoría de los recurrentes del caso ERE dirigieron departamentos que no gestionaron los fondos públicos adjudicados sin control desde la Consejería de Empleo, por lo que no habría malversación. La sentencia podría pedir al Supremo redactar un nuevo fallo que reduzca las penas.
Por eso, los juristas critican al Constitucional por “invadir competencias” del Supremo. Argumentan que redimir las condenas por malversación en el caso ERE crea un “precedente peligroso”, validando el perdón para delitos similares durante el procés. Partidos políticos, jueces y beneficiarios de la ley de amnistía, en vigor desde el 11 de junio, podrían recurrir al TC si consideran que se vulneran derechos fundamentales.
Diferencias entre ambos casos
Expertos reconocen que los escenarios son distintos, ya que en el procés se habrían utilizado fondos europeos, lo que complica el perdón por malversación debido a las normativas comunitarias. La ley de amnistía excluye delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Sin embargo, se requiere un propósito de enriquecimiento para que exista delito.
La Fiscalía sostiene que no hubo tal enriquecimiento, por lo que pidieron relevar a cuatro fiscales del juicio en el Supremo. Sin embargo, estos fiscales consideran que los delitos cometidos constituyen malversación, oponiéndose a perdonar los delitos financieros de los condenados y huidos.
