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El Tribunal Constitucional ha decidido suspender temporalmente la tramitación de los 16 recursos presentados por diversas comunidades autónomas contra la ley de Amnistía. De los recursos, 15 provienen de comunidades gobernadas por el PP y uno por el PSOE. Antes de decidir sobre su admisión, el tribunal estudiará durante dos meses si las comunidades autónomas tienen legitimidad para impugnar esta ley, que no afecta directamente a sus competencias.
Informe clave para definir la legitimidad autonómica
Un equipo de letrados del Tribunal Constitucional se encargará de elaborar un informe que será presentado a la magistrada Laura Díez, ponente del primer recurso, presentado por las Cortes de Aragón. Díez propondrá al pleno una resolución sobre la admisión de este recurso, cuya decisión establecerá una doctrina que será aplicada al resto de los casos. Este análisis se centrará en las disposiciones de la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, así como en la jurisprudencia del propio tribunal.
Plazo y alcance de la decisión
El tribunal ha fijado un plazo de dos meses para recibir el informe de los letrados, por lo que no se espera una decisión hasta noviembre. La doctrina que se defina no solo afectará a los recursos contra la ley de Amnistía, sino que también influirá en futuros intentos de las comunidades autónomas de cuestionar decisiones estatales que no afecten directamente a sus competencias.
Debate sobre la legitimación de las comunidades
El artículo 162 de la Constitución permite que los gobiernos y parlamentos autonómicos presenten recursos de inconstitucionalidad, aunque el artículo 32 de la ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional restringe este derecho a materias que afecten al ámbito de autonomía de las comunidades. Los letrados deberán analizar si esta restricción es absoluta o si cabe alguna excepción en casos específicos.
Existen tres posibles escenarios: que los recursos se admitan a trámite, que sean rechazados por falta de legitimación o que se admitan, pero dejando la decisión final sobre la legitimación para la sentencia definitiva. Esta última opción parece ser la más probable, según fuentes del Constitucional, ya que evitaría conflictos con las comunidades sin excluirlas del proceso.
Influencia en otros casos y plazos del PP
El tribunal también está analizando otras cuestiones de inconstitucionalidad relacionadas con la ley de Amnistía, como las presentadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En todos los casos, se argumenta que la ley vulnera el principio de igualdad y la seguridad jurídica.
