Imagen: Europa Press
Las recientes críticas del Gobierno al juez Juan Carlos Peinado por admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y citarla a declarar como investigada, han generado preocupación en la judicatura. Estas acciones del juez, llevadas a cabo en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo, han sido vistas como un intento del Ejecutivo de influir en el proceso judicial.
Contexto y reacciones
Fuentes judiciales consultadas interpretan la carta del presidente Pedro Sánchez, donde reprocha a Peinado por interferir en la campaña electoral y califica de “bulo” las acusaciones contra su esposa, como un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el Poder Judicial. Esta situación se agrava con la inminente entrada en vigor de la ley de amnistía, que afectará a diversas causas relacionadas con el desafío soberanista en Cataluña.
Desde el Tribunal Supremo, fuentes señalan que los ataques no son solo contra Peinado, sino contra la Justicia en general, bajo la acusación de “lawfare” (uso espurio de la Justicia con fines políticos). Aseguran que no sienten presión condicionante, aunque reconocen que hacer su trabajo puede llevar a ser “crucificados” públicamente.
Críticas a la independencia judicial
El magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), advierte sobre un proceso de deslegitimación del Poder Judicial, que considera peligrosísimo. Aunque no cree que Sánchez esté lanzando un mensaje directo a los jueces que aplicarán la ley de amnistía, lamenta que partidos tradicionales asuman tesis populistas, afectando la independencia judicial.
Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, también denuncia un ataque generalizado al Poder Judicial, destacando que las resoluciones judiciales deben ser criticadas en una sociedad democrática, pero no mediante ataques personales a los jueces ni descalificaciones a toda la carrera judicial.
Consecuencias para la Democracia
Ambos magistrados subrayan que las descalificaciones y el desprestigio del Poder Judicial erosionan la confianza ciudadana en la Justicia, esencial para mantener un Estado democrático y de derecho. Advierten que estas acciones pueden disminuir la eficacia del trabajo judicial y dificultar el cumplimiento de sus resoluciones, afectando negativamente la salud democrática del país.
En conclusión, las críticas del Gobierno a las decisiones judiciales han encendido las alarmas en la judicatura, en un momento crucial por la aplicación de la ley de amnistía y la proximidad de las elecciones europeas, lo que pone en riesgo la percepción de independencia y legitimidad del Poder Judicial en España.
