Imagen: Carlos Mazón, junto a Salomé Pradas y rodeado de sus consejeros en las Cortes. MANUEL BRUQUE. EFE
¿Quién debía haber avisado a los alcaldes de la gravedad de la situación que se avecinaba el 29 de octubre en la provincia de Valencia? La respuesta, confirmada este miércoles, apunta directamente al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Justicia del Gobierno valenciano de Carlos Mazón desmiente así indirectamente el bulo que intenta propagar el PP nacional desde hace semanas por el que se busca responsabilizar a organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según los populares, tendría que haber sido este organismo el encargado de avisar a los alcaldes de las localidades afectadas por la DANA, una competencia que desde la autonomía achacan ahora al CCE, de la propia Generalitat.
Según un correo electrónico enviado por este organismo a los ayuntamientos el pasado 15 de noviembre, el CCE solicitaba a los consistorios los teléfonos móviles de los alcaldes y alcaldesas con el fin de garantizar la correcta comunicación durante emergencias o preemergencias. Lo hacía más de dos semanas después de la trágica riada del 29 de octubre.
El mensaje, que también especifica que la Generalitat es responsable de gestionar las emergencias en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, subraya que, en situaciones de crisis, «el CCE debe ser quien informe a los municipios afectados».
La CHJ y la Aemet son órganos consultivos: solo deben informar al CCE
El tercer párrafo de escrito explica de forma clara por qué se solicita esta información: “Los procedimientos operativos del CCE establecen que, en caso de declaración de situación de emergencia o preemergencia, se proceda a la comunicación de este hecho a los municipios afectados, por la vía que se establezca por cada municipio”.
Una obligación que establecen tanto la Ley de Protección Civil como el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, legislaciones que dejan claro que organismos como la CHJ o la Aemet son meramente consultivos y su única función es la de informar al CCE de las situaciones de su competencia, para que el mando único que depende de la Generalitat tome las decisiones oportunas y avise a los municipios implicados en la emergencia, algo que no en todos los casos sucedió el pasado 29 de octubre.
Emergencias no informó a los ayuntamientos del riesgo de riada
Varios ayuntamientos han confirmado que no recibieron ningún aviso de Emergencias de la Generalitat sobre la crecida de la rambla, que a las 17:30 horas transportaba el doble de agua que el río Ebro, el más caudaloso de España. Además, esa misma tarde a las 18:30 horas, el director general de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas convocó a los municipios agua abajo de la presa de Forata a una reunión que finalmente no se produjo.
Los alcaldes y alcaldesas de las localidades que bordean el barranco del Poyo no tuvieron prácticamente ninguna información por parte de Emergencias que les permitiera reaccionar de alguna forma para proteger a la población.
Mientras los alcaldes de Aldaia, Guillermo Luján, y Sedaví, José Cabanes, aseguran que no recibieron ningún tipo de aviso de Emergencias durante toda la jornada del 29 de octubre, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent (PSPV), revela que solo recibió vía mail y SMS la alerta hidrológica de las 12.20 horas con un mensaje muy genérico.
