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El nuevo Govern de Salvador Illa ha marcado como «prioridad» aprobar sus primeros presupuestos antes del 1 de enero de 2025. Esta meta, que sigue el rigor administrativo que se perdió durante el procés, es fundamental para evitar la inestabilidad que vivió Cataluña entre 2017 y 2020, cuando no contó con unas cuentas actualizadas. El ex president Pere Aragonès sufrió las consecuencias de esta situación, al verse obligado a adelantar las elecciones tras no lograr aprobar su último proyecto presupuestario, lo que provocó la pérdida del poder en favor de los socialistas.
Las prioridades del Govern y el malestar de ERC
El pasado lunes, Sílvia Paneque anunció que la negociación de los presupuestos sería prioritaria, dejando en un segundo plano la «financiación singular» acordada entre el PSC y ERC, un pacto clave para la investidura de Illa. Esta declaración generó malestar entre los republicanos, quienes recordaron al PSC que la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana, con la capacidad de recaudar el impuesto sobre la renta a partir de 2026, es un compromiso firmado en el acuerdo de investidura.
Advertencias de ERC: Sin avances en la financiación, no hay presupuestos
Un miembro de la dirección de ERC advirtió que, si no se avanza en la implementación del «concierto económico» que permitiría a Cataluña gestionar todos sus impuestos, los presupuestos de Illa podrían verse bloqueados. Los republicanos temen que la postergación de esta medida afecte su capacidad de ofrecer a su militancia y electorado pruebas de que el acuerdo de financiación se está cumpliendo.
Los republicanos se encuentran en medio de una crisis de liderazgo y reputación, agravada por diversas polémicas internas. De cara a su próximo congreso el 30 de noviembre, la formación busca presentar avances tangibles en la creación del «cupo catalán» para calmar las tensiones internas y frenar su pérdida de apoyo electoral. A cambio del respaldo al PSOE, ERC aceptó un «desarrollo progresivo» del modelo fiscal, aunque es consciente de que su plena implementación requerirá reformar la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), un proceso que enfrenta grandes obstáculos.
Junts y su postura ante la reforma financiera
Junts, otro actor clave en el escenario político catalán, ha advertido que solo apoyará la reforma del modelo de financiación si Cataluña puede fijar su propia cuota de solidaridad para las comunidades infrafinanciadas. Se oponen a que esta cifra sea fruto de una negociación entre el Estado y la Generalitat, lo que complica aún más la situación para ERC y el PSC.
