El Ministerio de Transformación Digital, dirigido por José Luis Escrivá, gastó casi medio millón de euros en desarrollar la plataforma MiFacturae, diseñada para que pymes y autónomos facturen a la Administración de acuerdo con los requisitos legales. A pesar de la inversión de 475.775 euros, solo 4.970 usuarios han accedido al portal desde su lanzamiento en marzo de 2024.
Hasta ahora, se han registrado 11.147 facturas, y se espera que esta cifra aumente a unas 4.000 mensuales. El desarrollo de la aplicación fue adjudicado a la empresa pública Ineco mediante un contrato público.
Ineco, la empresa pública encargada del desarrollo de la plataforma MiFacturae, se especializa en servicios de consultoría, proyectos de ingeniería y gestión de infraestructuras. Con un capital de 8,25 millones de euros, su consejo de administración incluye figuras vinculadas a otras entidades como Renfe, la tabacalera Cetarsa y varias empresas privadas.
Entre los consejeros están María Pilar Oviedo Cabrillo, José Antonio López Fernández, José María Santacana Gómez y otros miembros con experiencia en diversos sectores.
La aplicación MiFacturae pretende modernizar la emisión de facturas electrónicas para la administración pública, facilitando su uso a autónomos y pequeñas empresas.
Esta herramienta en la nube, accesible de forma gratuita, permite crear, validar, consultar, convertir y firmar facturas electrónicas sin coste. Su objetivo es simplificar el proceso y superar las dificultades que muchos pequeños empresarios enfrentan con los sistemas de facturación tradicionales, promoviendo así su adopción.
Según la información de THE OBJECTIVE, desde su lanzamiento, MiFacturae ha enfrentado varios problemas. Los usuarios han reportado errores en la validación de datos, como descripciones incorrectas en las facturas, DNI erróneos del receptor y valores incorrectos para centros administrativos. Además, algunos usuarios perciben una falta de soporte técnico adecuado, con atención al cliente insuficiente para resolver problemas.
La aplicación también exige el uso de certificados digitales para la firma de las facturas, lo que ha generado confusión y errores, especialmente entre quienes no están familiarizados con esta tecnología. Aunque estos certificados son esenciales para garantizar la seguridad y autenticidad, han añadido un desafío adicional para muchos autónomos y pymes.