En un giro sorprendente, el Gobierno español ha pasado de pactar con la Comisión Europea la implementación del pago por uso en las vías de alta capacidad para 2024 a desvincularse de este compromiso, esquivando ahora la normativa comunitaria que promueve los peajes en las carreteras europeas. La directiva de 2022, que busca trasladar al usuario los costos ambientales del transporte por carretera, establece la inclusión de criterios ambientales en los peajes de las vías de alta capacidad en los países de la Unión Europea. Sin embargo, España ha optado por una aplicación limitada de esta normativa.
Directiva europea y respuesta española
La normativa europea, además de introducir criterios ambientales en los peajes, promueve la sustitución de los sistemas de viñeta por peajes tradicionales, extendiendo su aplicación a todos los vehículos y en todas las vías de alta capacidad. No obstante, esta directiva no obliga de manera estricta a los Estados miembros a implementar estos cambios, lo que ha permitido a España restringir su aplicación a lo mínimo exigido.
El anteproyecto de real decreto, actualmente en consulta pública, subraya que no se obliga a los Estados a introducir sistemas de tarificación por uso distintos a los existentes. Así, el Gobierno se limitará a incorporar las instrucciones para ajustar el método de cálculo de los peajes actuales, con el objetivo de reflejar los costos externos de la contaminación.
Aplicación limitada a autopistas con peaje
Bajo esta premisa, el Ejecutivo ha decidido que la normativa se aplique únicamente a las autopistas que ya cobran peaje, gestionadas por la sociedad pública Seitt, sin extender los peajes a otras vías o vehículos. El borrador del real decreto aclara que la regulación de nuevos regímenes de peajes no es objeto de esta normativa, dejando claro que no se introducirá ningún sistema de tarificación adicional.
Críticas del sector concesionario
La decisión del Gobierno ha generado críticas en el sector de concesionarias de infraestructuras, que considera que se está perdiendo la oportunidad de alinear el modelo español de financiación de carreteras con el estándar europeo. La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) ha expresado su descontento, señalando que la norma propuesta limita los peajes a autopistas en régimen de concesión, y excluye a las autovías.
La CCIES sostiene que cualquier avance en la implementación del pago por uso en España debería incluir a todos los vehículos, no solo a los pesados, para cumplir con los objetivos climáticos. En su escrito de alegaciones, la asociación destaca que solo un sistema de pago por uso, que involucre tanto a vehículos ligeros como pesados, puede garantizar el mantenimiento y modernización de las carreteras de alta capacidad y promover un uso racional de las infraestructuras viarias.
