España figura entre los países más generosos del mundo en incentivos fiscales para la I+D, con un índice de deducción del 29,6%, según el informe The Benchmark 2025 de la consultora internacional Ayming. Esta cifra sitúa al país por encima de economías como Alemania (25%), Italia (22%), Reino Unido (21,5%) o China (18,75%). Sin embargo, esta ventaja competitiva se ve diluida por una maraña burocrática que desincentiva a las empresas a solicitar estos beneficios.
El problema no radica en la falta de incentivos, sino en el exceso de obstáculos administrativos que impone la Agencia Tributaria. Las empresas deben someterse a revisiones técnicas y económicas exhaustivas, justificar altos niveles de innovación y mantener un seguimiento constante de los proyectos durante años. Lejos de incentivar la inversión, este entorno acaba por frenar la participación empresarial, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
Un sistema pensado para expulsar a las pymes
Mientras otros países adaptan sus incentivos a la realidad de las pymes, España aplica un sistema rígido y uniforme que no distingue entre gigantes del Ibex y pequeñas startups. A diferencia de Francia o Reino Unido, donde se ofrecen deducciones específicas y reembolsos inmediatos para pymes, el Gobierno español ha optado por un modelo único, que exige la misma complejidad documental a una multinacional que a una pyme de diez empleados.
En Reino Unido, por ejemplo, las pymes pueden deducirse hasta el 186% de sus gastos en I+D, con resoluciones en apenas 40 días. En España, el proceso puede durar meses y requiere una planificación fiscal quirúrgica, ya que las deducciones solo pueden aplicarse a los cuatro últimos ejercicios fiscales.
Patent Box: otra oportunidad desperdiciada
El informe también analiza los regímenes Patent Box, que premian fiscalmente los ingresos derivados de activos intangibles como patentes o software. España obtiene una generosidad del 15%, pero vuelve a suspender en facilidad de aplicación, lo que disuade a muchas empresas de acogerse a este beneficio.
Italia, en contraste, lidera este ranking con un sistema más generoso y sencillo, que facilita la participación empresarial. En España, las exigencias técnicas y la falta de claridad legal han hecho que este mecanismo pase desapercibido para la mayoría de las empresas tecnológicas.
Portugal: el ejemplo ignorado por el Gobierno
Portugal demuestra que es posible combinar generosidad y agilidad. Su sistema permite deducciones del 49,4%, que pueden llegar al 82,5% en algunos casos, y autoriza a las empresas a aplicar los incentivos antes de la aprobación definitiva, ganando liquidez y confianza. Incluso las nuevas pymes, sin historial fiscal, tienen acceso garantizado.
Mientras tanto, en España se exige a las empresas que lo apuesten todo al futuro, sin garantías de devolución ni tiempos razonables de respuesta. El resultado: miles de proyectos potenciales que no se presentan por miedo a una inspección, por falta de recursos para afrontar el papeleo o por simple desconfianza institucional.
El mensaje es claro: el marco fiscal español para la I+D es atractivo solo sobre el papel. En la práctica, las empresas deben enfrentarse a un sistema opaco, exigente y desfasado, que premia la burocracia y castiga la agilidad. Mientras otros países compiten por atraer inversión innovadora, el Gobierno español actúa como su peor enemigo, levantando barreras donde debería tender puentes.
