Imagen: robot con ordenador
El Gobierno ha dado un paso adelante en la regulación de la inteligencia artificial (IA) con la aprobación del anteproyecto de la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. La normativa, presentada este martes en el Consejo de Ministros, establece la obligación de identificar los contenidos generados con IA y fija un régimen sancionador para su uso indebido, con multas que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación de la empresa infractora.
Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar un uso ético y transparente de la IA, evitando su utilización para la desinformación o la manipulación.
Inteligencia artificial: un motor de cambio con riesgos
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha subrayado que la IA puede ser un motor de crecimiento económico, facilitando avances en ámbitos como la investigación médica o el desarrollo de fármacos. Un informe presentado junto a la ley estima que, si se implementa de manera adecuada, la IA podría incrementar el PIB de España en un 8% en la próxima década.
No obstante, también alertó sobre los peligros asociados a esta tecnología, como la difusión de bulos, la incitación al odio y los ataques a la democracia. La creciente sofisticación de los sistemas de IA plantea un desafío regulatorio para evitar que se conviertan en herramientas de manipulación masiva.
Prácticas prohibidas y sanciones millonarias
La ley contempla una serie de prohibiciones clave para evitar abusos, entre ellas:
- Técnicas subliminales: el uso de imágenes o sonidos imperceptibles para influir en las decisiones sin el consentimiento del usuario.
- Manipulación de colectivos vulnerables: aprovecharse de la edad, discapacidad o situación económica de una persona para influir en su comportamiento.
- Clasificación biométrica: el uso de IA para categorizar a las personas por raza, ideología o religión.
- Puntuación social: sistemas que asignen puntuaciones a los ciudadanos en función de su comportamiento o características personales para condicionar su acceso a ayudas o servicios.
- Predicción delictiva: la utilización de datos personales para evaluar el riesgo de que una persona cometa un delito en el futuro.
Las sanciones por el incumplimiento de estas restricciones oscilarán entre 7,5 y 35 millones de euros o, en su defecto, entre el 2% y el 7% del volumen de negocio de la empresa infractora.
Deepfakes y control de sistemas de alto riesgo
Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la obligación de etiquetar los contenidos generados con IA, lo que afectará especialmente a los deepfakes, videos manipulados que muestran a personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. La omisión de este etiquetado será objeto de sanción, en un intento por frenar la difusión de desinformación a través de estas tecnologías.
El control y supervisión de la aplicación de la ley recaerá en la Agencia Española de Protección de Datos y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, organismos encargados de garantizar su cumplimiento y sancionar los posibles abusos.
Con esta normativa, España se posiciona a la vanguardia en la regulación de la inteligencia artificial en Europa, con el objetivo de aprovechar su potencial sin comprometer los derechos de los ciudadanos ni la seguridad digital.
