Imagen: un grupo de migrantes de origen subsahariano I Europa Press
El futuro de España se vislumbra menos acogedor para los solicitantes de asilo. En un plazo de 18 meses, el Gobierno planea sustituir la ley de asilo vigente por una normativa más estricta, alineada con las nuevas políticas migratorias impulsadas desde Bruselas. Un documento al que tuvo acceso EL PAÍS desvela los detalles sobre cómo las autoridades españolas implementarán el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado recientemente como hoja de ruta para gestionar los flujos migratorios en la Unión Europea (UE).
Cambios en la legislación actual
El sistema de asilo español, regulado por una ley de 2009, no cumple con las directivas europeas ni cuenta con un reglamento que detalle su aplicación. Tras reiteradas presiones de Bruselas, el Gobierno español se ve obligado a reformar la normativa. La nueva ley busca frenar los abusos en un sistema que procesa más de 150.000 solicitudes anuales, agilizar los trámites administrativos y aumentar el número de expulsiones de solicitantes no aptos. En paralelo, también se aplicará el nuevo reglamento de extranjería, que facilita la regularización de inmigrantes por vías alternativas y desincentiva el uso del asilo como una “puerta trasera” para obtener residencia legal.
Asilo en el contexto español
Mientras que en países como Italia y Grecia la mayoría de los solicitantes de protección internacional llegan por mar, en España casi el 80% lo hace en avión, procedente de Latinoamérica. Esto plantea un desafío específico para adaptar las medidas acordadas en el Pacto Europeo. Una de las principales propuestas es centralizar los procedimientos en las fronteras para clasificar rápidamente a los solicitantes y determinar quiénes cumplen con los criterios de refugio. La nueva normativa fijará plazos máximos: 12 semanas para solicitudes presentadas en la frontera y seis meses para aquellas formalizadas dentro del territorio, incluyendo los recursos legales. Actualmente, las resoluciones pueden demorarse hasta dos años.
Expulsiones y retornos más ágiles
El Ministerio del Interior trabajará en la resolución de las solicitudes de asilo y en los procedimientos de retorno de manera simultánea, como exige el pacto europeo. Esto requerirá cambios legislativos para establecer un proceso específico de devolución de solicitantes rechazados. Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advierte que esta estrategia parece diseñada para acelerar la expulsión de personas cuyas solicitudes sean denegadas.
Alternativas a la detención y el concepto de «país seguro»
El documento también menciona la necesidad de explorar alternativas a la detención de extranjeros, aunque no detalla cómo se implementaran dichas medidas. Asimismo, se prevé ampliar los perfiles de solicitantes susceptibles de ser privados de libertad, especialmente aquellos que deban ser trasladados a otros Estados miembros bajo el principio de reparto solidario. Además, se retoma el concepto de «país seguro», que podría implicar la desestimación automática de solicitudes de ciertos países considerados seguros, sin un análisis individualizado. Este enfoque genera inquietud por una posible instrumentalización política de las relaciones internacionales de España.
