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Hoy, el Consejo de Ministros estudiará un paquete de regeneración democrática que incluye múltiples temas delicados. Estos han sido objeto de discusión interna dentro de la coalición de gobierno y con los principales socios durante semanas. Aunque se esperaba su aprobación, el lunes por la noche, a pocas horas de la decisión final, el plan aún no estaba completamente cerrado.
Debate sobre la libertad de expresión y el Código Penal
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre PSOE y Sumar se centra en la eliminación de delitos que limitan la libertad de expresión, como las ofensas a los sentimientos religiosos y las injurias a la Corona y otras instituciones del Estado. Este debate, que aún no estaba resuelto al cierre del lunes, ha surgido en torno a la reforma del Código Penal español, cuyo redactado ha permitido condenas a raperos y sanciones a publicaciones satíricas, generando críticas internacionales y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Aunque tanto PSOE como Sumar coinciden en la necesidad de modificar estos artículos del Código Penal, las discrepancias sobre el alcance de los cambios han frenado el avance. Según fuentes de la negociación, Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia por el PSOE, y Ernest Urtasun, de Cultura por Sumar, han liderado las discusiones.
Diferencias sobre delitos de injurias y enaltecimiento del terrorismo
El PSOE ha aceptado eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, un artículo del Código Penal que ha sido utilizado por grupos cristianos para perseguir sátiras contra la religión católica. Sin embargo, los socialistas muestran más reticencias con respecto a eliminar las injurias a la Corona y las altas instituciones del Estado, que incluyen a organismos como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Medios de comunicación y transparencia: otro eje de debate
Otro punto clave del paquete es la ley de libertad de medios, basada en una normativa europea que busca proteger a los medios de comunicación de interferencias políticas. Sánchez ha instado a la oposición a apoyar esta iniciativa, ya que el Partido Popular respaldó la normativa en Bruselas. Sin embargo, el PP ha rechazado la propuesta, acusando al Gobierno de intentar controlar a los medios.
El Consejo de Ministros también debatirá medidas para exigir mayor transparencia en la propiedad de los medios y revisará la ley de publicidad institucional para evitar el financiamiento público de medios pequeños y de escasa audiencia. Además, se pretende excluir de financiación pública a aquellos medios que difundan desinformación, aunque este aspecto resulta difícil de legislar.
Consejo audiovisual y reforma de la Ley Mordaza
Sumar ha planteado la creación de un consejo audiovisual independiente a nivel estatal, similar a los que ya operan en Cataluña y Andalucía, para supervisar las malas prácticas periodísticas. Este modelo es habitual en la Unión Europea y está en línea con la ley europea de libertad de medios. Sin embargo, la propuesta ha generado polémica en España, con sectores conservadores calificándola como una nueva forma de censura. El PSOE prefiere una fórmula menos controvertida.
Otra discusión abierta entre PSOE y Sumar gira en torno a la reforma de la Ley Mordaza, aprobada en 2015 durante el gobierno de Mariano Rajoy. Los socialistas solo apoyan modificaciones relacionadas con la libertad de expresión, como la prohibición de fotografiar a policías durante manifestaciones, pero evitan abordar temas más delicados como la prohibición de las pelotas de goma o las devoluciones en caliente.
