Imagen: el Lehendakari Íñigo Urkullu
Desde que Euskadi instauró el Día de la Memoria el 10 de noviembre de 2010, dedicado a las víctimas del terrorismo y la violencia política, la conmemoración no ha logrado consenso político. Mientras EH-Bildu apoya el acto organizado por Etxerat, la asociación de apoyo a los presos de ETA, el PP y Vox rechazan el homenaje a víctimas de abusos policiales y del terrorismo de la derecha radical. Laura Garrido, portavoz del PP vasco, reafirmó recientemente que su partido reconoce únicamente a las víctimas del terrorismo etarra.
Esta postura del PP se intensificó en 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido, enfrentó en su discurso a las víctimas de ETA con las del franquismo durante el debate parlamentario sobre la Ley de Memoria Democrática. Este enfoque recibió críticas en Euskadi, incluso por parte de asociaciones como Covite y la Fundación Fernando Buesa, que respaldaron a las víctimas del franquismo en contra de la estrategia divisiva de Feijóo.
La memoria de las víctimas: entre consensos rotos y nuevos memoriales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente la creación de un memorial contra ETA en Madrid, ignorando la existencia desde 2011 del Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, dependiente del Gobierno central. Este anuncio marcó una ruptura con el consenso PSOE-PP sobre la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011.
A pesar de estas divisiones, el Gobierno vasco ha tratado de garantizar un tratamiento igualitario a todas las víctimas. Desde el fin de la actividad armada de ETA en 2011, se han reconocido violencias diversas, incluyendo las perpetradas por grupos de ultraderecha y abusos policiales. Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea y director del Instituto Valentín de Foronda, subraya que “Euskadi tuvo una violencia central, la de ETA, pero también hubo otras que generaron víctimas igualmente necesitadas de reconocimiento”.
La complejidad del reconocimiento histórico
Entre 1976 y 1982, durante la Transición, hubo 480 víctimas mortales de diversas violencias en España: 340 de ETA, 73 de ultraizquierda, 62 de grupos de ultraderecha y parapoliciales, y 130 causadas por abusos policiales. Según Rivera, este periodo desmiente el mito de una transición pacífica, y un amplio porcentaje de estas víctimas se concentró en Euskadi.
A partir de 1983, las violencias disminuyeron, aunque los GAL dejaron 27 asesinatos hasta 1987. Entre 1988 y 2011, ETA continuó casi en solitario, con un total de 853 asesinatos desde 1968. Rivera señala que, tras el cese de ETA, era necesario abordar las otras violencias, incluyendo las condenas que España recibió en Estrasburgo por no investigar adecuadamente casos de tortura.
Leyes y memoria institucional
El Gobierno vasco ha promulgado dos leyes clave para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales y violencia política. La primera, en 2012, abarcaba desde 1960 hasta 1978, y la segunda, en 2016, extendió el periodo hasta 1999. Desde entonces, se han reconocido 427 víctimas en Euskadi, según datos oficiales.
En paralelo, Euskadi cuenta con dos instituciones dedicadas a la memoria: el Memorial de Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que se centra en el terrorismo de ETA, y Gogora, el Instituto de Memoria, Convivencia y Derechos Humanos, que prioriza la Guerra Civil y la represión franquista. Alberto Alonso, director de Gogora, busca ahora ampliar el enfoque hacia las víctimas menos visibilizadas, como las de grupos parapoliciales y ultraderechistas, a las que se dedicará 2025.
