Francisco Fernández Sevilla, exsecretario general de UGT Andalucía, ha sido condenado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones. Así, ha sido condenado a tras años de cárcel y a una multa de 50 millones de euros.
Todo ello por la aplicación “de forma consciente y fraudulenta” de fondos recibidos de la Junta socialista de Andalucía por un importe total de 40.620.256,43 euros para cursos de formación para personas desempleadas y ocupadas. Con “fines distintos” de los que “debieron destinarse, y de los que ha dispuesto UGT-A para financiar actividades propias del sindicato, ajenas al fin social para el que las recibieron”.
El Tribunal ha confirmado la aplicación el atenuante de dilaciones indebidas sobre estos derechos. Así mismo, impone al exlíder de UGT la imposibilidad de acceder a cualquier subvención pública o incentivos fiscales durante cuatro años y seis meses.
Esta condena es la misma para otros tres ex altos cargos del sindicato UGT en Andalucía: el ex vicesecretario general de administración de UGT-A Federico Fresneda; la que fuera secretaria de gestión económica del sindicato María Charpín y el entonces consejero delegado de la entidad Soralpe Enrique Goicoechea.
Cinco ex altos cargos condenados por robar dinero de las subvenciones en Andalucía
También ha condenado a Dolores Sánchez, responsable del departamento de Compras de UGT-A. En el caso de ella, se le reconoce como cómplice de los delitos anteriormente mencionados. Así, le impone la condena de seis meses de cárcel con multa de 25 millones de euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de un año y medio.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado que los cinco condenados, en concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Junta de Andalucía, la cantidad de 40.620.256,43 euros.
Los cuatro condenados como autores de los delitos deberán hacer frente al 99 por ciento de esta cantidad, y la condenada como cómplice al 1 por ciento de la misma, y de manera subsidiaria con los condenados como autores hasta el límite de 4.288.707,74 euros, que se corresponde con el montante total que se habría defraudado, declarando responsable civil subsidiaria a UGT-A por el importe total.
