El Gobierno anunció esta semana la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña, lo que implica que la gestión y el control de fronteras, así como la seguridad relacionada, pasarán a ser exclusivamente responsabilidad de la comunidad autónoma. Este traspaso supone que la Guardia Civil y la Policía Nacional quedarán apartadas de estas funciones en el territorio catalán..
La retirada de guardias civiles y policías significa que los Mossos d’Esquadra serán los que se encarguen de la cuestión de inmigración, así como el control de las fronteras. El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González, defiende que las competencias en inmigración no se pueden transferir ni delegar, después del pacto alcanzado entre PSOE y Junts que permitirá a la Generalitat de Cataluña ejecutar y proponer expulsiones y que haya presencia de Mossos d’Esquadra en las fronteras.
De este modo, González ha salido en defensa del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, al sostener que las competencias en inmigración “no son ni transferibles ni delegables”, según ha indicado.
El expresidente dice que está “totalmente de acuerdo” con la posición expresada este mismo jueves por García Page, que cargó contra el pacto alcanzado entre PSOE y Junts para delegar a la Generalitat de Cataluña las competencias migratorias.
García Page dijo sentirse “abochornado” y “sonrojado” al considerar que el PSOE está pactando con la “peor” extrema derecha, en referencia al partido de Carles Puigdemont. Señaló además que este acuerdo “dinamita por completo” la posibilidad de llegar a un pacto de Estado sobre migración con las comundiades autónomas.
Page y Felipe González se unen contra Pedro Sánchez
Felipe González suscribe estas declaraciones del dirigente autonómico y subraya que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado, tal como recoge la Constitución, y por tanto, no pueden transferirse ni tampoco delegarse.
De este modo se opone a la tesis defendida por el Gobierno, que sostiene que con este acuerdo el Estado no cede a Cataluña las competencias en la materia, sino que simplemente las delega.
Así lo indicó este mismo martes la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que fue la encargada de defender el acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Así, trató de diferenciar entre una cesión y una delegación, que es lo que a su juicio se ha producido.
El Gobierno ha recibido numerosas críticas desde la oposición por este acuerdo, de la oposición, pero también de parte de sus socios parlamentarios. Las más certeras las ha emitido Podemos, que lo tacha de “racista” y asegura que votará en contra en el Congreso.
