Europa Press
El acto de conciliación celebrado este jueves entre el rey emérito Juan Carlos I y el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha finalizado sin acuerdo. La cita judicial, que tuvo lugar en los juzgados de Madrid, ha concluido en apenas 15 minutos, sin que el monarca compareciera personalmente.
El procedimiento comenzó a las 10:05 horas y terminó a las 10:20, con el resultado de “sin avenencia” entre las partes, lo que abre la puerta a una posible demanda por parte del equipo legal del rey emérito, si así lo decide. Juan Carlos I estuvo representado por su abogada, Guadalupe Sánchez, quien optó por no hacer declaraciones a los medios de comunicación a la salida del juzgado.
La acción judicial fue impulsada por el equipo del rey emérito a raíz de unas declaraciones públicas realizadas por Revilla en programas de televisión, en las que, según la parte demandante, se vertieron comentarios que consideraban “injuriosos” hacia la figura del exjefe del Estado. Por estos hechos, Juan Carlos I reclamaba una indemnización de 50.000 euros.
Por su parte, Miguel Ángel Revilla sí acudió personalmente a la cita, acompañado de su abogado, el letrado catalán José María Fuster-Fabra. A la salida del juzgado, Fuster-Fabra explicó ante los medios que la demanda se basaba en la supuesta falsedad de las afirmaciones de Revilla. “Nos piden que reconozcamos que ha mentido, y eso no es cierto. No ha mentido”, afirmó el abogado, defendiendo la veracidad de las manifestaciones de su cliente.
Revilla cuestionó la conducta del rey emérito
El enfrentamiento entre Juan Carlos I y Revilla tiene su origen en diversas intervenciones del político cántabro en medios de comunicación, en las que cuestionó la conducta del rey emérito y sus actividades durante su etapa como jefe del Estado y después de su abdicación. Revilla, habitual colaborador en tertulias televisivas y radiofónicas, ha sido crítico con la monarquía en varias ocasiones, lo que ha generado malestar en el entorno del exmonarca.
Este acto de conciliación forma parte del procedimiento habitual en los casos de demandas por protección del derecho al honor. Se trata de un paso previo obligatorio antes de presentar una querella formal ante los tribunales. Al no haberse alcanzado ningún acuerdo, el equipo legal de Juan Carlos I dispone ahora del camino libre para interponer la correspondiente demanda si así lo considera oportuno.
Atención tanto por medios nacionales como por observadores del ámbito jurídico y político
El proceso ha sido seguido con atención tanto por medios nacionales como por observadores del ámbito jurídico y político, dada la implicación de dos figuras públicas de gran relevancia: por un lado, el antiguo jefe del Estado español, y por otro, uno de los políticos más mediáticos de las últimas décadas.
Con el desacuerdo sellado en sede judicial, queda por ver si este conflicto acabará resolviéndose en los tribunales o si alguna de las partes optará por no dar continuidad al procedimiento legal.
