La XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Santander quedó marcada por la ausencia de acuerdos concretos y la crítica unánime de los presidentes autonómicos del Partido Popular al Gobierno de Pedro Sánchez. Este encuentro, que tuvo lugar casi tres años después del anterior en La Palma, evidenció una falta de preparación que deslució su objetivo principal: la búsqueda de consensos en cuestiones clave para las comunidades autónomas.
Convocada tras una larga espera de 1.006 días y bajo la presión de los tribunales, esta cumbre reunió a los líderes autonómicos y al Gobierno en un ambiente que, aunque más distendido de lo esperado, no consiguió materializar ningún avance tangible. A pesar de las sonrisas compartidas y un tono menos tenso que el habitual en el Congreso, los reproches estuvieron presentes durante toda la jornada.
Pedro Sánchez justificó el retraso en la convocatoria aludiendo al ciclo electoral reciente, pero este argumento no convenció a los líderes del PP, quienes criticaron la improvisación del evento. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, resumió el sentir general de su partido: “Vinimos sin propuestas y nos vamos sin respuestas”. La ausencia de un trabajo previo y la falta de acuerdos concretos fueron el denominador común en las intervenciones de los barones populares.
El PP demanda claridad en las peticiones y rechaza el modelo de financiación insolidario
La cuestión de la financiación autonómica fue el tema más caliente del debate. Los presidentes del PP reprocharon el pacto del Gobierno con ERC para una “financiación singular” de Cataluña, calificándolo de un concierto encubierto. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lideró las críticas, defendiendo la gestión fiscal de su comunidad y rechazando lo que llamó un “chantaje” al Estado. Ayuso, junto a María Guardiola de Extremadura, se opuso rotundamente a cualquier condonación de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que beneficiara a comunidades como Cataluña.
Por su parte, Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, defendió la propuesta gubernamental, destacando la necesidad de una financiación “solidaria”. Sin embargo, sus argumentos no convencieron a los líderes del PP, que consideraron sus propuestas vacías de contenido. Incluso dentro del PSOE hubo posturas críticas, como la de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien expresó su rechazo al modelo impulsado por Sánchez en colaboración con los independentistas.
Ausencia de acuerdos y un acto simbólico insuficiente
A diferencia de la última conferencia en La Palma, donde se alcanzaron consensos en torno a la guerra de Ucrania y la inflación, esta reunión concluyó sin ningún acuerdo. Ni la propuesta de blindar el carácter social de las viviendas públicas ni el reparto de menores inmigrantes lograron el respaldo necesario.
Sin embargo, desde el Gobierno intentaron presentar el evento como un éxito, destacando la foto de unidad con el Rey Felipe VI, en la que participó por primera vez un presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Este gesto, que podría interpretarse como un cambio en las relaciones entre el Estado y Cataluña, fue insuficiente para contrarrestar la percepción general de ineficacia.
La XXVII Conferencia de Presidentes evidenció una vez más las divisiones políticas que dificultan la gobernabilidad en España. Aunque el encuentro permitió un diálogo más cordial, especialmente entre líderes de distinto signo político, la falta de acuerdos concretos y la improvisación marcaron el balance final. Para el PP, esta reunión no solo fue una oportunidad perdida, sino también una prueba de la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para liderar un diálogo efectivo y productivo entre las autonomías.
