Más de 10.000 empresas han abandonado Cataluña debido al proceso independentista, según el Colegio de Registradores. Entre abril y junio, 248 empresas se trasladaron fuera de la región y solo 142 se establecieron, resultando en un saldo negativo de 106 compañías. Este es el peor resultado registrado en un segundo trimestre desde 2018, tras el referéndum ilegal del 1-O.
Impacto económico del independentismo
Cataluña lidera las pérdidas empresariales en este período, evidenciando la crisis económica provocada por el independentismo. Las comunidades más beneficiadas por estos traslados fueron la Comunidad Valenciana, que ganó 48 empresas, Madrid con 47, Extremadura con 36, y Cantabria con 15.
De hecho, en 2017 y debido a esta situación, el Gobierno español implementó medidas para facilitar la salida de empresas de Cataluña, simplificando los trámites para cambiar la sede social. Esta decisión fue criticada por las autoridades catalanas, que la vieron como un intento de debilitar el movimiento independentista.
Resistencia ante un posible retorno
Las empresas que abandonaron la Comunidad debido al “procés” mantienen su postura firme. Un alto representante empresarial declaró: “Nada ha cambiado. Seguimos en la misma situación. Tomamos una decisión y no tenemos ninguna intención de cambiarla“. Esta declaración refleja la actitud general de las compañías que trasladaron su sede social fuera de Cataluña, quienes afirman que “poco o nada” ha cambiado y no contemplan regresar.
Nuevo acuerdo y rechazo empresarial
El éxodo de empresas tuvo un impacto significativo en la economía catalana. Además de la pérdida de puestos de trabajo, se generó una reducción en la recaudación fiscal y una desaceleración en la inversión extranjera. Este fenómeno también afectó la imagen internacional de Cataluña como destino de negocios, aumentando la percepción de riesgo entre los inversores.
A pesar del reciente acuerdo entre Junts y el Gobierno para sacar adelante los últimos reales decretos, que incluye la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, las empresas no muestran interés en regresar. El pacto establece que las empresas que mantengan su actividad económica principal en Cataluña deben situar su sede social en la región, sin embargo, las compañías continúan rechazando esta opción.
La situación empresarial en Cataluña sigue siendo crítica, reflejando la profunda huella que ha dejado el movimiento independentista en el tejido económico de la región.
