La Xunta de Galicia ha lanzado su propuesta para un nuevo Plan Eólico que obligará a desmantelar alrededor de 100 parques y reemplazar 3.000 aerogeneradores antiguos por equipos más modernos. Además, el Gobierno autonómico activará próximamente un mecanismo que forzará a las empresas energéticas a vender la mitad de la energía generada a precios regulados para pequeñas y medianas empresas gallegas. Este anuncio ha generado fuerte rechazo entre las principales empresas del sector, que tildan las medidas de «expropiatorias e ilegales» y han instado al Gobierno central a frenar el plan en los tribunales.
Condiciones para la repotenciación obligatoria
La normativa incluida en la ley de medidas fiscales, que acompaña al presupuesto regional, establece que las empresas propietarias de parques con más de diez molinos deberán cambiar los aerogeneradores cuando estos hayan alcanzado el final de su vida útil, calculado en unos 25 años. Según datos de la Xunta, unos 3.000 aerogeneradores cumplirán esta antigüedad en los próximos cinco años, y el objetivo es reducirlos en un 80%, dejando la región con unas 600 turbinas renovadas en un plazo estimado de ocho años.
Galicia se sitúa como la cuarta comunidad con mayor potencia eólica instalada en España, con 3.863 MW, un 13% del total nacional, solo superada por Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Sin embargo, el crecimiento de nuevos MW en Galicia ha sido significativamente más lento en comparación con estas regiones, lo que ha incrementado las presiones para renovar el sector.
Reacción del sector y defensa de la Xunta
La Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa a compañías como Acciona, Endesa, y Naturgy, ha manifestado su rechazo a las nuevas medidas, advirtiendo que una repotenciación obligatoria comprometería la viabilidad de los proyectos y sobrecargaría los trámites burocráticos en una región ya afectada por procesos judiciales que mantienen paralizados más de 2.300 MW. La AEE ha solicitado al Gobierno central que frene la normativa autonómica y ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ante WindEurope, la patronal eólica europea.
Venta de energía a precios regulados y tensiones con el marco europeo
Otro de los puntos polémicos del plan es la exigencia de que las energéticas vendan el 50% de la electricidad a empresas gallegas a precios fijados en contratos a largo plazo. Desde el sector consideran esta medida una «expropiación de facto» que podría vulnerar la normativa de libre mercado de la Unión Europea y advierten sobre posibles sanciones y conflictos legales, además de un encarecimiento de la electricidad.
