Una protesta en Mazaricos (A Coruña) contra la instalación de cuatro aerogeneradores podría paralizar la tramitación de cientos de proyectos de energía renovable en toda España, así como proyectos de infraestructura como carreteras, líneas ferroviarias y piscifactorías. Esta situación ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) debido a la denuncia presentada por una asociación ambientalista contra el parque eólico «A Ruña III». El litigio, que ya ha paralizado la tramitación de otros proyectos en Galicia, ha generado gran preocupación en el sector de energías renovables y en el Ministerio de Transición Ecológica. «Las consecuencias serían devastadoras», afirman desde ambos sectores.
El origen del conflicto: un recurso judicial sobre participación pública
El conflicto se remonta a 2022, cuando la asociación Petón do Lobo presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la autorización del parque eólico «A Ruña III», alegando que no se les permitió acceso a informes sectoriales clave. Según la asociación, la Xunta no cumplió con la normativa europea que exige facilitar la participación pública en la evaluación de impacto ambiental de proyectos como este. La asociación argumenta que no tuvieron acceso a información esencial sobre los efectos del proyecto en temas como agua, bosques o patrimonio cultural, lo que les impidió presentar alegaciones informadas.
Un caso que escala hasta el Tribunal Europeo
La disputa judicial sobre el parque «A Ruña III» ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Galicia a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El tribunal gallego busca aclarar si la legislación estatal y autonómica cumple con la normativa europea en materia de evaluación ambiental. Si el TUE falla en favor de la asociación ambientalista, la tramitación de proyectos renovables en toda España podría verse gravemente afectada.
El sector renovable teme que la resolución del TUE afecte a otros 282 parques eólicos y fotovoltaicos en toda España, que ya cuentan con autorización ambiental. Estos proyectos, que representan una potencia de 27,5 GW, son clave para alcanzar los objetivos de energía renovable del país para 2030. Además, la paralización de estos parques supondría un golpe para el empleo, ya que se estima que la construcción de estos proyectos generaría 300.000 puestos de trabajo.
La incertidumbre en el horizonte
Aunque la Xunta solicitó que el caso se tratara con urgencia, la petición fue rechazada y es probable que el fallo del TUE no llegue hasta dentro de dos años. Este retraso ha generado preocupación en el sector, que ve cómo los proyectos pueden quedar en el aire mientras se espera la resolución. Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que el peor escenario sería «terrible» para los proyectos en marcha, pero mantienen la esperanza de que el Tribunal Supremo tenga la última palabra en el proceso.
La cuestión planteada por el tribunal gallego no solo afecta a los parques eólicos. Si se confirma que la ley española no cumple con la directiva europea, cualquier proyecto sometido a una declaración de impacto ambiental en España podría verse afectado. Esto incluye infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y piscifactorías, lo que podría generar un efecto dominó en la tramitación de proyectos en todo el país.
