Imagen: secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo I Servimedia
El reciente ingreso de Miguel Ángel Gallardo como diputado en la Asamblea de Extremadura ha reavivado el debate sobre el aforamiento en España. Gallardo, líder del PSOE extremeño, está imputado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su toma de posesión como diputado le otorga la condición de aforado, lo que implica que su caso pase del juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Cambio de jurisdicción del caso
El aforamiento es una figura jurídica que establece que ciertas autoridades, como diputados y senadores, sean juzgadas por tribunales superiores en lugar de los ordinarios. Aunque su propósito es proteger a los cargos públicos de querellas infundadas, ha sido criticado por considerarse un privilegio que puede dilatar los procesos judiciales.
En el caso de Gallardo, su entrada en la Asamblea se produjo poco antes de que se abriera juicio oral en su contra, lo que ha generado sospechas sobre si su objetivo era obtener el aforamiento para cambiar la jurisdicción de su caso. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha calificado esta maniobra como un “fraude de ley”.
Eliminación de los aforamientos
El propio político ha defendido su actuación, negando que su incorporación a la Asamblea tenga como fin eludir la justicia. Además, ha propuesto una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos en Extremadura, aunque esta medida requeriría el consenso de los principales partidos políticos.
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de proteger a los cargos públicos y la percepción de que el aforamiento puede ser utilizado para obtener ventajas procesales. La situación ha generado un intenso debate político y social sobre la conveniencia de mantener esta figura en el sistema jurídico español.
Beneficios del aforamiento
- Cambio de jurisdicción: el caso pasa automáticamente del juzgado instructor ordinario al TSJEx.
- Posible ralentización del proceso: el cambio de tribunal puede provocar retrasos en la instrucción o en la apertura de juicio oral.
- Acusaciones de maniobra dilatoria: algunos sectores políticos han señalado que Gallardo habría buscado su acta de diputado para beneficiarse del aforamiento y así dificultar o retrasar el proceso judicial en su contra.
- Ventaja procesal: aunque el TSJEx es un órgano judicial competente y profesional, al ser un tribunal superior con carga procesal diferente y menor frecuencia de juicios penales contra aforados, el cambio puede ser percibido como una forma de blindaje político.
