Álvaro García-Ortiz, fiscal general del Estado, ha pedido al Tribunal Supremo que anule “manifiesta y notoria desproporción” la entrada de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que llevó a cabo para registrar su despacho de la Fiscalía General del Estado.
Este registro se enmarca en la investigación contra él por la presunta revelación de secretos en que consistiría la filtración contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Para los servicios jurídicos del Estado estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo “constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid”.
El instructor de la causa autorizó “la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas«. Se autorizó, además, la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, «así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)”.
La Fiscalía filtra datos sobre el novio de Ayuso
Así mismo, el instructor de la causa contra García-Ortiz ha aceptado que se lleve a cabo el volcado de las cuentas de correo electrónico perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz. Durante el registro llevado a cabo por la UCO, se hizo un clonado completo de todos los dispositivos electrónicos que había en el despacho, incluido el teléfono móvil.
María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, señaló en un recurso de apelación presentado por su persona, en contra de los autos que autorizaban los registros efectuados en los despachos del fiscal general y el fiscal jefe provincial de Madrid que los mismos eran nulos porque no contenían «un relato de los hechos que se consideran delictivos».
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, decidió poner en manos de los tribunales el caso debido a que desde la Fiscalía se difundió una nota donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales para negociar un acuerdo.
El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos ‘emails’ a los medios de comunicación.
