La Agencia Tributaria ha defendido su decisión de no haber iniciado una inspección sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez. La justificación presentada por la Agencia Tributaria se basa en una estrategia prioritaria para abordar casos de fraude fiscal que consideran más complejos y sofisticados, especialmente en el caso de no residentes.
Justificación de la Agencia Tributaria
En respuesta a una solicitud del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga a David Sánchez Pérez-Castejón por presuntos delitos de corrupción y fiscales, la Agencia Tributaria explicó que no ha llevado a cabo ninguna inspección hasta la fecha. , la Agencia detalló que en 2024 están enfocando sus esfuerzos en fraudes fiscales de alta complejidad, sofisticación y opacidad.
David Sánchez Pérez-Castejón, conocido también por su nombre artístico David Azagra, es un alto cargo en la Diputación de Badajoz y tiene su residencia fiscal en Portugal. El Grupo Popular ha manifestado preocupaciones sobre su situación fiscal, dado que ha declarado un patrimonio significativo, incluyendo propiedades en Madrid, San Petersburgo y Elvas, así como inversiones por valor de 1,4 millones de euros en acciones. Esta situación ha llevado a la oposición a cuestionar si la Agencia Tributaria debería iniciar una investigación debido a la disparidad entre su riqueza declarada y sus ingresos oficiales.
Respuesta del Gobierno
El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, ha defendido la imparcialidad y la autonomía de la Agencia Tributaria. En respuesta a las consultas del Grupo Popular en el Congreso sobre si se había iniciado alguna inspección de oficio contra David Sánchez Pérez-Castejón, el Gobierno ha afirmado que no tiene la capacidad de informar sobre casos individuales debido a la normativa de protección de datos y la independencia operativa de la Agencia Tributaria. Además, el Ejecutivo ha subrayado que todos los contribuyentes son tratados de manera equitativa y sin privilegios, en cumplimiento con los principios constitucionales y legales.
El Ministerio ha resaltado que la Agencia Tributaria opera bajo estrictos protocolos y procedimientos diseñados para detectar y abordar el fraude fiscal de manera justa y equitativa. La normativa tributaria vigente establece los mecanismos para la aplicación efectiva del sistema fiscal, garantizando que se respeten los principios de igualdad y no discriminación. El Gobierno ha insistido en que la Agencia actúa de manera objetiva y en conformidad con el marco legal, asegurando la transparencia y la equidad en el tratamiento de todos los contribuyentes.
