La capacidad normativa de las comunidades autónomas en tributos como el IRPF genera notables diferencias en la tributación, que pueden llegar a ser de hasta 45.000 euros anuales en el caso de una renta de 600.000 euros. Este desfase es el que el Ministerio de Hacienda busca corregir mediante la futura reforma del sistema de financiación autonómica, impulsada tras el acuerdo entre el PSC y ERC para dotar a Cataluña de un modelo singular.
Durante el debate en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió la necesidad de reducir la competencia fiscal entre autonomías y garantizar que se exija el mismo esfuerzo tributario para iguales niveles de renta. Sin embargo, desde Hacienda aseguran que no pretenden eliminar las facultades normativas de las autonomías, sino simplemente limitar las grandes diferencias en la tributación de las rentas y patrimonios más altos.
El pacto fiscal para Cataluña
El pacto fiscal que afecta a Cataluña, además de varios aspectos aún por definir, plantea que la Generalitat contribuya a la solidaridad con el resto de los territorios siempre que estos asuman un esfuerzo fiscal similar. Aún no está claro cómo se implementará esta idea o qué ocurrirá si una comunidad autónoma decide reducir sus impuestos. Todo indica que el Gobierno podría centrarse en limitar las rebajas fiscales que se aplican en los tramos altos de impuestos sobre el patrimonio y la renta, algo que podría enfrentarse a otros puntos del pacto, que promueven un aumento de la capacidad normativa de las comunidades para avanzar hacia un modelo federal.
Choque de intereses fiscales
La posibilidad de limitar la capacidad de las autonomías para modificar impuestos contradice otro aspecto del acuerdo catalán que aboga por aumentar la capacidad normativa de las regiones, según defendió la propia Montero. Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Pública, destaca que es contradictorio impulsar la autonomía fiscal de las comunidades al mismo tiempo que se busca armonizar los impuestos. Para él, la autonomía fiscal significa que cada territorio puede decidir libremente sobre sus impuestos, aunque reconoce que lo que haga una comunidad puede tener repercusiones en las demás, sobre todo en impuestos sobre la riqueza.
Debate en el Congreso
Durante el debate parlamentario, Montero defendió el pacto fiscal y cuestionó si el Partido Popular está de acuerdo con la idea de que debe existir un esfuerzo fiscal similar en todo el país. También hizo referencia a las grandes diferencias que existen en materia tributaria entre las comunidades, especialmente en el impuesto de sucesiones y en la tributación de grandes patrimonios. Montero calificó estas divergencias como una «injusticia fiscal» y un atentado contra la igualdad, cuestionando si no es necesario corregirlas para exigir el mismo esfuerzo a quienes tienen igual capacidad de renta.
