Hazte Oír ha dado un nuevo paso al presentar una querella ante el Tribunal Supremo, en la que acusa al presidente del Gobierno, y a dos de sus ministros, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa), de graves delitos como homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación. La denuncia está relacionada con la gestión que llevaron a cabo en la respuesta a la DANA , que asoló varias comunidades españolas, incluyendo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, causando más de 200 muertos y dejando a muchos desaparecidos.
El informe que respalda la querella es un exhaustivo análisis técnico de 20 páginas, realizado por el exmilitar Rubén Pulido, que establece una comparativa entre la gestión de la DANA de 2024 y la respuesta a la tragedia del terremoto de Lorca en 2011, con especial énfasis en el operativo desplegado por la Unidad Militar de Emergencias . Pulido no solo compara los detalles de la intervención militar, sino también la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como la efectividad de la comunicación con la población.
Las conclusiones del informe son contundentes. En 2011, tras el terremoto de Lorca, la respuesta del Gobierno fue más ágil y eficiente. Según Pulido, la coordinación fue «fluida» y el uso de tecnología avanzada para las labores de rescate y ayuda humanitaria permitió una respuesta más rápida. Por el contrario, la gestión de la DANA de 2024 estuvo marcada por «fallos significativos» en la interacción entre las autoridades centrales y las autonómicas, lo que habría causado demoras cruciales que, según Hazte Oír, pudieron haber aumentado el número de víctimas.
El informe pone de relieve, además, que el 29 de octubre de 2024, día en que la DANA alcanzó su máximo impacto, se produjeron «problemas con la transmisión de información vital» a la ciudadanía. Esta deficiencia en la comunicación y el retraso en la respuesta institucional fueron, para la organización, factores determinantes en el elevado número de muertos y en la destrucción material de infraestructuras esenciales.
Hazte Oír denuncia que, mientras en 2011 la utilización de recursos tecnológicos avanzados permitió una actuación eficaz, en 2024 la falta de coordinación y la lenta reacción por parte de los responsables políticos contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Para la organización, esta situación revela una «negligencia» por parte de los responsables, y subraya que la politización de emergencias puede resultar «perjudicial» y necesita ser evitada a toda costa.
El informe presentado al Tribunal Supremo tiene como objetivo que la Justicia investigue las «potenciales negligencias» que se produjeron en la gestión de la DANA, con la esperanza de que se determinen las responsabilidades por la tragedia ocurrida. La querella se centra en la idea de que el número de muertos y la destrucción material habrían podido minimizarse si la respuesta del Gobierno y las autoridades involucradas hubiera sido más eficaz.
