La asociación Hazte Oír ha presentado una querella contra siete magistrados que forman parte del Tribunal Constitucional, el cual votó hace unos días a favor de que se anule la sentencia del Tribunal Supremos sobre el polémico caso de los ERE.
Hazte Oír ha presentado una querella en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, por un presunto delito de prevaricación. Por otro lado, Miguel Tomás, portavoz de Hazte Oír ha explicado que: “El Tribunal Constitucional está asumiendo unas funciones y competencias que no tiene. Está anulando sentencias del Tribunal Supremo por delitos que no tienen nada que ver con una posible inconstitucionalidad”.
Miguel Tomás, portavoz de Hazte Oír, ha señalado en referencia a los votos que han hecho los magistrados del Tribunal Constitucional de manera particular que: “Sin embargo, un mismo miembro del Tribunal Constitucional ha manifestado que con esta sentencia, se ‘ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley’”.
Hazte Oír se querella contra siete magistrados del TC
La querella presentada por la asociación Hazte Oír explica que: “Los magistrados querellados, con el dictado de esta sentencia facilitan la impunidad de condenados vinculados al Partido Socialista Obrero Español, partido con el cual estos magistrados tienen estrechas relaciones, dictaron a sabiendas una sentencia injusta en la que, desbordándose las competencias propias del Tribunal Constitucional”.
Así mismo, la querella sostiene que la afirmación de los votos particulares de que el Tribunal Constitucional solo podía intervenir para reinterpretar lo establecido por el Supremo en su sentencia de los ERE ante razonamientos ilógicos o interpretaciones arbitrarias, “elementos que no concurrían en este caso al haber existido una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación y de su aplicación al caso”. La querella presentada señala que: “Al Tribunal Constitucional no le compete determinar la interpretación de la norma más correcta. La interpretación no arbitraria de las leyes es consustancial a la labor judicial”.
