Joseba García hermano de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos ha sido señalado por un incremento patrimonial significativo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que este aumento patrimonial podría estar vinculado a posibles comisiones recibidas por su hermano, relacionadas con la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión, dedicada a la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Esta adjudicación asciende a más de 53 millones de euros.
Pese a las sospechas, la defensa de Joseba García ha emitido un escrito donde niega cualquier actuación ilícita y defiende que los cambios en su patrimonio son resultado de su «capacidad de ahorro», y que ya disfrutaba de una «situación acomodada» antes de los contratos adjudicados. Según el abogado de Joseba, no existe «una actuación común de la familia para ocultar» posibles comisiones relacionadas con estas adjudicaciones. El caso, conocido como «Caso Koldo», está bajo la jurisdicción del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, quien retiene el expediente en su totalidad, excepto las acusaciones directas hacia José Luis Ábalos, cuyo proceso ha sido delegado al Tribunal Supremo para evaluar sus posibles responsabilidades.
Argumentos de la defensa de Joseba García
El núcleo de la defensa de Joseba radica en la argumentación de que sus incrementos patrimoniales están justificados mediante ingresos legítimos, transacciones inmobiliarias y una capacidad de ahorro sostenida a lo largo del tiempo. La defensa rechaza la interpretación de la UCO que, según su postura, ha realizado un análisis «arbitrario y selectivo» al centrarse únicamente en ciertos movimientos de dinero. La Guardia Civil reportó que, entre 2019 y 2020, los ingresos en efectivo de la familia García pasaron de 5.960 euros a 130.652 euros, un incremento notable que fue considerado como indicio de posible vinculación con la trama de corrupción. Sin embargo, la defensa subraya que estos fondos fueron debidamente declarados ante la Agencia Tributaria, y que no existe ninguna intención de ocultación.
Joseba García sostiene que, más allá de la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, su patrimonio ha crecido gracias a factores como su salario, indemnizaciones por un accidente laboral, y la compraventa de inmuebles en fechas anteriores al período investigado. La defensa argumenta que estos ingresos no solo están registrados en las instituciones fiscales, sino que han sido obtenidos mediante transacciones bancarias completamente transparentes.
Para contextualizar los ingresos de Joseba, la defensa enumera sus fuentes de ingreso legítimas durante el período investigado. Entre 2019 y 2022, Joseba fue empleado en organismos del Estado, como Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte) y Emfesa, donde percibía un salario superior a 50.000 euros anuales. Además, debido a una discapacidad parcial causada por un accidente laboral, también recibía una pensión de aproximadamente 20.000 euros al año. En 2020, estos ingresos aumentaron notablemente debido a una indemnización recibida por dicho accidente, lo que explica en gran parte el incremento de ingresos durante ese año.
Según su abogado, estos ingresos elevados y estables habrían permitido a Joseba realizar operaciones inmobiliarias sin levantar sospechas, además de disponer de la solvencia necesaria para solicitar préstamos y financiamiento bancario. Esto, según la defensa, justificaría la adquisición de varias propiedades y otros bienes materiales que fueron obtenidos de forma completamente legal.
Adquisiciones inmobiliarias y financiamiento
Joseba García argumenta que, antes de 2020 fecha clave de las adjudicaciones investigadas , ya contaba con una posición económica lo suficientemente sólida como para realizar inversiones inmobiliarias. Entre sus adquisiciones destaca una vivienda en Polop (Alicante), comprada con una hipoteca de 191.250 euros. Según la defensa, este monto de financiamiento indica que el aumento real de su patrimonio fue de solo 33.750 euros, muy lejos de los valores reflejados en el informe de la UCO. Joseba también realizó otras transacciones después de su divorcio, incluyendo la reinversión de 112.000 euros obtenidos por la venta de su antigua vivienda familiar en una propiedad en Benidorm.
La defensa destaca que todas estas operaciones han sido declaradas ante la Agencia Tributaria, y que los fondos utilizados provienen de préstamos hipotecarios y ahorros acumulados a lo largo de varios años. Las entidades bancarias, afirma la defensa, consideraron su perfil crediticio lo suficientemente sólido como para aprobarle el financiamiento necesario.
Otro punto que ha sido motivo de controversia es el presunto aumento de valor en la «flota de vehículos» de la familia García, la cual, según la UCO, habría pasado de un valor de mercado de 920 euros a 63.186 euros. La defensa responde a esta acusación afirmando que la mayoría de los vehículos son de segunda mano, y que algunos de ellos tienen varios años de antigüedad, por lo que su valor no debería interpretarse como un incremento de patrimonio sospechoso.
En cuanto a los vehículos de mayor valor, la defensa explica que Joseba adquirió una motocicleta Harley mediante la venta de un inmueble y de otra motocicleta anterior, operaciones realizadas en fechas previas al período investigado. Asimismo, adquirió un automóvil Mercedes mediante un préstamo de 20.000 euros con el Banco Santander. Estas adquisiciones, argumenta la defensa, se realizaron con fondos obtenidos de operaciones declaradas, y todas las transacciones están registradas formalmente.
