Miguel Ángel Blanco era un joven político prometedor que se destacaba por su compromiso con la democracia y sus ideales en el ámbito local de Ermua, en el País Vasco. Era miembro activo del Partido Popular (PP) y ocupaba el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Ermua. A sus 29 años, representaba una generación joven y esperanzadora en la política española.
El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco ocurrieron en un momento de gran tensión en España debido al conflicto con ETA, una organización separatista vasca que buscaba la independencia del País Vasco mediante la violencia. Durante décadas, ETA llevó a cabo numerosos atentados terroristas, causando la muerte de cientos de personas y sembrando el miedo y la inseguridad en la sociedad española.
El secuestro de Miguel Ángel Blanco desencadenó una de las mayores movilizaciones populares contra el terrorismo en la historia de España. Miles de personas salieron a las calles en ciudades de todo el país para exigir su liberación y mostrar su rechazo a la violencia de ETA. La imagen de la familia de Miguel Ángel Blanco, especialmente la de su hermana, visiblemente afectada por la situación, conmovió a toda la nación y unió a la sociedad en un clamor por la paz y la justicia.
A pesar de los esfuerzos del gobierno español y de la presión ciudadana, ETA se mantuvo inflexible en sus exigencias y decidió ejecutar a Miguel Ángel Blanco. Su asesinato provocó una ola de indignación y repudio en todo el país. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo y en un punto de inflexión en la determinación del gobierno y la sociedad española para acabar con la violencia y restaurar la paz en el País Vasco y en toda España.
El legado de Miguel Ángel Blanco perdura hasta el día de hoy como un recordatorio de los horrores del terrorismo y como un llamado a la unidad y la solidaridad en la defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Su sacrificio y el de muchas otras víctimas del terrorismo nunca serán olvidados.
Investigados cuatro exjefes de ETA
La Audiencia Nacional ha comenzado un proceso judicial para comenzar con el embargo de dos millones de euros a cuatro exdirigentes de ETA procesados por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.
En el mes de abril el magistrado impuso una fianza de dos millones de euros a los exintegrantes de la cúpula etarra José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; María Soledad Iparraguire, ‘Anboto’; e Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’, para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que, en su caso, sean condenados por esta acción criminal que consternó a la sociedad española en julio de 1997.
Así, el pasado 30 de abril Dignidad y Justicia (DyJ) instó a la Audiencia Nacional a ejecutar ese embargo una vez quedó claro que ‘Anboto’, ‘Kantauri’, ‘Iñaki de Rentería’ y ‘Mikel Antza’ no habían aportado la cantidad requerida en calidad de fianza de responsabilidad civil. La abogada de la asociación de víctimas, Vanessa Santiago, apremió entonces al magistrado de la Audiencia Nacional a acordar el “embargo de los bienes de los procesados”.
